El departamento del Chocó atraviesa una compleja crisis humanitaria provocada por la convergencia de la violencia armada, desplazamientos forzados, confinamientos, daños ambientales y los estragos del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. 

Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo mediante un comunicado público, instando a las autoridades nacionales y locales a activar de manera inmediata las rutas de atención de emergencia.

​La entidad alertó que las emergencias impactan de manera diferencial y severa a los pueblos étnicos (afrodescendientes e indígenas) y a las comunidades rurales de la región.

​Según el organismo de control, desde la ocurrencia del terremoto con epicentro en San José del Palmar, se ha registrado un progresivo deterioro de la seguridad, especialmente en la subregión del San Juan. 

La entidad documentó la presencia e incursión prolongada de integrantes del Clan del Golfo en comunidades como San Agustín (Sipí), donde impidieron las actividades tradicionales de producción, así como su avance hacia Puerto Murillo, en Medio San Juan.

​A la par, se han verificado encarnizados enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorios del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) y en zonas rurales de Nóvita y Sipí.

“El pasado 23 de agosto, los enfrentamientos y ataques con drones registrados en Charco Hondo, Sipí, dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento forzado de 65 familias hacia Barrancón. De manera preliminar, 652 familias (aproximadamente 3.000 personas) permanecen confinadas”, detalló el informe oficial.

​Durante una misión humanitaria realizada el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, la Defensoría constató graves daños en viviendas y bienes colectivos provocados por ráfagas de fuego y material explosivo, además de severas afectaciones psicológicas en la población. 

El organismo acompañó la evacuación de 40 personas desplazadas hacia Nóvita e Istmina, y constató los daños causados por el sismo en el albergue étnico de Acadesan.

​Zozobra en las cuencas y confinamientos activos

​La crisis de movilidad se extiende a otros puntos de la geografía chocoana. En la vía Quibdó–Medellín, comunidades indígenas se han visto obligadas a desplazarse ante el incremento de actividades armadas. 

En la parte baja del río Tamaná, la presión del Clan del Golfo genera zozobra y restricciones a la movilidad que afectan directamente a 129 familias (301 personas) en localidades como Paimadó, San Gerónimo y El Tigre.

​Asimismo, la entidad reportó que los confinamientos se mantienen activos en las subregiones de Alto Baudó y Bajo Baudó, al tiempo que persiste un riesgo inminente de desplazamiento y aislamiento para las comunidades étnicas de Juradó, Nuquí y Bojayá.

​Devastación por minería ilegal

​A la confrontación bélica se suma el avance irrestricto de la minería ilegal con maquinaria pesada y entables mineros en sectores de Lloró y Bagadó, así como en el corredor Noanamá–Cucurrupí.

​Esta actividad afecta directamente a 18 comunidades (11 afrodescendientes y 7 indígenas), sumando cerca de 3.800 personas (unas 920 familias). Además de generar graves e irreversibles daños ecológicos a los ecosistemas locales, la expansión minera se ha consolidado como un nuevo y lucrativo escenario de disputa territorial entre las bandas armadas.

​Sin censo definitivo tras el sismo y exigencias institucionales

​Las consecuencias del terremoto del 10 de agosto agravan el panorama. A la fecha, la falta de un censo definitivo por parte de las autoridades impide dimensionar con exactitud los daños materiales y mantiene incomunicadas a numerosas zonas rurales, imposibilitando el envío y entrega de ayuda humanitaria básica.

​Ante este escenario de emergencia múltiple, la Defensoría del Pueblo exhortó a los grupos armados (Clan del Golfo y ELN) al estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los principios de distinción y precaución, exigiendo el cese de acciones que pongan en riesgo la vida, integridad, movilidad y bienes de la población civil.

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Mientras que al Gobierno Nacional, la Gobernación del Chocó y la UNGRD, les solicitó la activación inmediata de las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones de seguridad para la movilidad, proveer alimento, salud y alojamiento temporal a las víctimas, y culminar de manera urgente el censo de damnificados por el sismo en las áreas rurales aisladas.

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