Crecimiento de la deuda pública de Panamá alcanza récord y despierta alarmas

En paralelo, organizaciones sindicales y ambientalistas rechazaron el diálogo abierto con la filial de First Quantum para el proyecto minero en Donoso.

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El endeudamiento estatal creció un 21,1 % desde julio de 2024 y demandará USD 5.496,1 millones para el servicio de deuda en 2027, según datos oficiales. Foto: EFE.


22 de noviembre de 2026 Hora: 13:50

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La deuda pública de Panamá alcanzó los 62.758,42 millones de dólares al cierre de octubre de 2026, un máximo histórico que reaviva el debate sobre la sostenibilidad fiscal del país y limita el margen de inversión pública, en momentos en que el Ejecutivo abrió negociaciones para definir el futuro del proyecto minero Cobre Panamá.

​Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el saldo total del endeudamiento se compone de 52.741,39 millones de dólares en obligaciones externas y 10.017,04 millones en deuda interna. Desde el inicio de la Administración del presidente José Raúl Mulino en julio de 2024, los compromisos financieros aumentaron en 10.945,62 millones de dólares, lo que representa un incremento del 21,1 %.

​De acuerdo con registros históricos de la Contraloría General de la República, la deuda panameña se ha multiplicado 6,8 veces desde 2004, cuando se situaba en 9.183 millones de dólares, equivalente hoy a una carga de aproximadamente 13.567 dólares por habitante. 

El mayor salto ocurrió durante el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), período en el que escaló un 94,7 % al pasar de 26.612 millones a 51.812,8 millones de dólares, tras los incrementos registrados previamente en las gestiones de Martín Torrijos (de 9.183 a 10.821 millones), Ricardo Martinelli (hasta 17.639 millones) y Juan Carlos Varela (hasta 26.612 millones).

​El peso de los intereses y las metas fiscales para 2027

​El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la estrategia gubernamental no busca frenar de manera abrupta la contratación de deuda, sino moderar su ritmo y obtener financiamiento en condiciones menos onerosas, advirtiendo que eliminar el déficit fiscal de golpe exigiría medidas severas como el despido de unos 50.000 funcionarios públicos.

​Pese a que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 5,5 % en el primer semestre de 2026, el Ejecutivo proyecta que el endeudamiento cierre el año en torno a los 62.000 millones de dólares y ascienda a unos 64.000 millones en 2027. Para el próximo ejercicio fiscal, el presupuesto contempla 5.496,1 millones de dólares para el servicio de la deuda: 3.062,5 millones destinados exclusivamente al pago de intereses y 2.433,6 millones a amortizaciones de capital.

“Mi preocupación es que estamos destinando cada vez más recursos al pago de intereses, lo que reduce la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, educación, salud y servicios públicos”, advirtió el economista Luis Morán al diario La Prensa, llamando a una consolidación fiscal basada en la eficiencia del gasto y el fortalecimiento de los ingresos sin frenar la actividad productiva.

​Rechazo social a la negociación sobre Cobre Panamá

​En este contexto de estrechez fiscal, organizaciones populares, sindicales y ambientalistas ratificaron su oposición a una eventual reapertura del proyecto Cobre Panamá, tras el anuncio en cadena nacional del presidente Mulino sobre el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum.

​El Ejecutivo designó al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, al frente de un equipo interministerial para negociar bajo una fórmula de “abrir para cerrar” que contempla un cierre definitivo financiado por la empresa, la cual mantiene arbitrajes internacionales contra el Estado, sin constituir formalmente una nueva concesión, argumentando que el país carece de capacidad técnica para procesar el cobre por cuenta propia.

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​Sin embargo, la alianza Pueblo Unido por la Vida y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) convocaron a movilizaciones en Ciudad de Panamá para exigir el cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2023 tras las masivas protestas ciudadanas.

​”Ni el agua, ni los ecosistemas, ni los territorios, ni la soberanía del país son mercancías negociables”, subrayaron los colectivos en su pronunciamiento, advirtiendo que cualquier acuerdo que reactive la extracción metálica en el distrito de Donoso, provincia de Colón, desconoce el mandato popular, las sentencias judiciales y los compromisos de consulta comunitaria establecidos en el Acuerdo de Escazú.

Autor: teleSUR - ac - JML

Fuente: Agencias