El informe presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), calificó al Gobierno de Javier Milei como el más represor de la democracia desde el retorno a la democracia en 1983. La violencia institucional se agrava por políticas represivas que incluyen el uso desproporcionado de la fuerza pública.

De acuerdo al documento, el 10% de las más de 10.000 muertes por represión estatal registradas desde el regreso democrático ocurrieron en los últimos dos años bajo Milei, un total de 1.056 casos.

«Es el gobierno más represor desde 1983», declaró María del Carmen Verdú, fundadora de CORREPI, en diálogo con la cadena C5N. Verdú añadió que estos 25 meses marcan «la instalación de un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías». La violencia institucional se define como todo acto de fuerza desproporcionada o vulneración de derechos ejercido por agentes estatales.

Entre los casos más emblemáticos que evidencian esta «vía libre» para el abuso de autoridad se encuentran los del fotógrafo Pablo Grillo y el jubilado Egidio Contreras, de 75 años. Ambos fueron agredidos durante marchas pacíficas alrededor del Congreso en defensa de la moratoria previsional y la entrega de medicamentos sin cargo.

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El fotógrafo Pablo Grillo fue herido con un disparo de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza por el cabo Héctor Jesús Guerrero el 12 de marzo de 2025. Tras un año de cirugías, el trabajador de prensa regresó a casa en febrero de 2026 con graves secuelas. El martes pasado, la jueza federal María Servini recibió un pedido formal para elevar a juicio oral la causa contra el gendarme por tentativa de homicidio y abuso de armas.

Por su parte, el jubilado Egidio Contreras fue empujado violentamente al suelo por cuatro agentes de la Policía Federal el 22 de octubre de 2025, sufriendo una fractura grave en el húmero. Si bien se intentó archivar la causa, la Cámara Federal de Casación Penal (Sala II) indicó el 5 de mayo pasado la importancia de esclarecer los límites del uso de la fuerza y el derecho a la protesta. La denuncia original fue presentada por Adolfo Pérez Esquivel y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Estos incidentes se enmarcan en la aplicación del «Protocolo Antipiquetes» de la entonces ministra Patricia Bullrich, implementado para «mantener el orden» en un contexto de brutal ajuste social que el informe compara con el estallido social de diciembre de 2001.

Ataques a la libertad de prensa bajo la gestión de Milei

Por otra parte, tanto el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), como la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), la Carrera de Comunicación de la UBA, Periodistas Argentinas y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) señalan que el ataque directo del presidente al periodismo nunca fue tan alto.

Asimismo el informe anual del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, en 2025 se registró un récord de 278 casos de ataques contra periodistas.

El análisis, publicado en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo, reflexionó sobre el peso de la violencia de origen estatal o paraestatal, incluyendo acciones de funcionarios, fuerzas de seguridad y actores vinculados al Gobierno en el ecosistema digital.

Desde el inicio del Gobierno de Milei, se produjeron 137,6% más de episodios. La coordinadora de la Comisión de Libertad de Expresión de la organización, Alicia Miller reveló que “durante el 2025 hubo 20 demandas contra periodistas”.

“Una cifra muy superior a lo que se recuerde desde el regreso de la democracia. También se produjeron 9 amenazas de demandas” y detalló 28 restricciones de acceso a la información, 10 casos de censura, 4 ataques contra bienes del medio o del periodista y cuatro abusos del poder estatal, como detenciones indebidas o abusos de las fuerzas de seguridad. Por supuesto que el caso más grave es el de Pablo Grillo a quien casi lo matan con el disparo de una granada de gas lacrimógeno cuando cubría la movilización de los jubilados”, subrayó.

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