La jueza federal argentina Macarena Marra Giménez dejó sin efecto este viernes la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El fallo de la titular del Juzgado 12 en lo Contencioso Administrativo Federal desactiva el recurso presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), permitiendo la vigencia de más de 80 artículos de la denominada «Modernización Laboral».

La magistrada argumentó que mantener la suspensión implicaría adelantar una opinión sobre la inconstitucionalidad de la norma sin realizar un examen profundo de los derechos involucrados. Con esta decisión, el Ejecutivo logra levantar las trabas judiciales para implementar cambios estructurales en las indemnizaciones, horas extras, jornadas laborales y la transferencia del fuero laboral a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

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El conflicto legal escaló luego de que la Casa Rosada impulsara una estrategia para trasladar el expediente desde el fuero laboral (donde el juez Raúl Ojeda había dictado la cautelar el pasado 30 de marzo) hacia el fuero contencioso-administrativo. La Cámara Federal validó la competencia de Marra Giménez, quien solicitó formalmente a Ojeda la remisión de todos los incidentes relacionados con la causa para centralizar el proceso.

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En paralelo, la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo (CNT) facilitó el camino al Gobierno al suspender los efectos de la cautelar original sin entrar en el análisis de fondo. Tras este movimiento, el Ministerio de Justicia avaló la permanencia en el cargo del juez Víctor Arturo Pesino, integrante de dicha sala, quien ya cumplió 75 años.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también intervino en el escenario judicial. Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el jueves un recurso de per saltum presentado por el Gobierno para acelerar el trámite. No obstante, la negativa no afectó los intereses del Ejecutivo, puesto que la reforma ya se encontraba operativa gracias a las decisiones de las instancias inferiores.

Desde la CGT advierten que la normativa degrada los niveles de protección, amplía los poderes jerárquicos del empleador y limita la acción colectiva sindical. La central obrera recusó a los integrantes de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, por lo que la disputa por la competencia judicial entre fueros aún permanece abierta pese a la vigencia actual de la ley.

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