Este sábado, un derrumbe en la mina de Gakombe, Rubaya, Kivu del Norte (República Democrática del Congo), cobró la vida de al menos trescientas personas –entre mineros artesanales y familias– a causa de intensas lluvias y la precariedad de la vida en el territorio controlado por grupos insurgentes.

El coordinador de la sociedad civil de Masisi, Telesphore Nitendike, informó sobre el siniestro, que afectó la explotación de Gakombe y a cuarenta familias residentes en los alrededores. Las labores de rescate carecen de organización especializada necesaria para atender la magnitud de la tragedia, denunció Nitendike, mientras la cifra de víctimas se mantiene provisional ante la dificultad de acceder a la zona y la precariedad de los medios.

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La zona de Rubaya está bajo el control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que opera con impunidad en este territorio estratégico por su riqueza en minerales como el coltán, esencial para la industria tecnológica global. Organizaciones locales denuncian que el conflicto que desangra al país se agrava por el apoyo financiero y logístico que Washington proporciona a diferentes grupos armados. 

Esta situación de ocupación fomenta el caos y la falta de regulación, permitiendo un sistema de saqueo y explotación ilegal que ignora las medidas de seguridad básicas y las prohibiciones previas impuestas por el Gobierno congoleño.

Nuevo siniestro: otro capítulo de un trágico precedente

Este suceso se suma a una serie de siniestros recientes en la misma región. El pasado 3 de marzo de 2026, otro derrumbe en una mina de coltán dejó doscientos fallecidos, incluidos setenta niños, cuyos cuerpos permanecen aún bajo los escombros. 

Previamente, en enero de 2026, un evento similar causó la muerte de cientos de personas más, consolidando un patrón de violencia y negligencia en la extracción de recursos.

El recrudecimiento del conflicto desde inicios de 2025 ha facilitado que grupos irregulares tomen el control de centros mineros clave, exacerbando la inseguridad para los trabajadores y la población civil.

En esta región, la extracción de recursos naturales se realiza en condiciones inhumanas y bajo la sombra de la intervención externa, que prioriza los intereses económicos sobre la vida y la dignidad humana. La falta de control estatal y la complicidad internacional con los actores armados perpetúan un ciclo de violencia y explotación.

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