Registros oficiales de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos confirmaron que John Manning, presidente y director ejecutivo de la firma Progen, realizó contribuciones financieras directas a comités políticos republicanos asociados a Donald Trump. Las transacciones se efectuaron entre julio y septiembre de 2025 mediante la canalización de recursos a través de dos organizaciones de recaudación vinculadas al partido norteamericano.

El empresario estadounidense ejerció un rol central en la adjudicación de contratos con la Corporación Eléctrica del Ecuador para enfrentar la crisis energética durante la gestión presidencial de Daniel Noboa. Las contrataciones para los proyectos termoeléctricos en Quevedo y El Salitral sumaron más de 100 millones de dólares, aunque las infraestructuras no han generado megavatios para el sistema nacional.

A pesar de su gestión presencial en el país para renegociar las cláusulas contractuales con las autoridades del sector energético, el fiscal ecuatoriano Carlos Alarcón excluyó a Manning de las formulaciones de cargos en la causa penal. El proceso local se concentra mayoritariamente en la imputación de exfuncionarios públicos y técnicos de la entidad estatal de electricidad.

Paralelamente, la administración eléctrica ecuatoriana presentó demandas civiles ante la justicia federal del estado de Florida bajo la imputación de presunto fraude, conspiración y desvío sistemático de fondos públicos. Las auditorías financieras revelaron que los anticipos otorgados a la contratista fueron transferidos a cuentas personales del empresario y de sus familiares allegados.

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Investigaciones técnicas en suelo estadounidense señalan además que la directiva de la empresa ordenó la adulteración de placas identificatorias en motores usados para simular que eran equipos de fabricación reciente. La denuncia incluye testimonios sobre el reemplazo de componentes mecánicos para eludir los controles de calidad requeridos en los pliegos de contratación.

La revelación de los aportes económicos del ejecutivo genera cuestionamientos en el escenario político ecuatoriano sobre las relaciones contractuales y el entramado de influencias en el sector público. Diversos analistas destacan el contraste entre las demandas promovidas en el exterior y la falta de sanciones penales directas contra el directivo en el fuero local.

El seguimiento judicial del caso continúa mientras la opinión pública exige celeridad para recuperar los recursos públicos e imponer responsabilidades a las empresas contratistas. Las autoridades competentes enfrentan la presión social de esclarecer las irregularidades operativas cometidas durante la emergencia eléctrica nacional.

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