La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que la capital venezolana acumula 22.241 inspecciones de estructuras para evaluar los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio. El balance fue presentado el jueves 6 de agosto durante el programa multiplataforma Habla Caracas, transmitido desde el Comando Caracas.

Según los resultados de la metodología del Semáforo, 88% de las estructuras revisadas recibió certificación verde o amarilla, mientras 12% fue clasificado en nivel rojo.

Las inspecciones se realizan bajo supervisión de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad e Infraestructura. Para las edificaciones ubicadas en nivel rojo, se programarán revisiones exhaustivas destinadas a definir las medidas correspondientes dentro del Plan Venezuela Renace.

La Alcaldía de Caracas actúa como ente ejecutor de ese programa, con participación de sus secretarios y directores. En tanto, las revisiones definirán acciones en zonas afectadas.

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En paralelo, entró en vigencia la prohibición temporal de exportar materiales e insumos de construcción, tras su publicación en la Gaceta Oficial N.° 43.409. La medida, prevista en el Decreto N.° 5.376 de la Presidencia de la República, regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.

El decreto asigna a los bienes comprendidos el Régimen Legal 1, definido como “Exportación Prohibida”, mediante una modificación parcial del Arancel de Aduanas vigente. La suspensión abarca materiales destinados a atender los efectos de los terremotos del 24 de junio.

De acuerdo con el instrumento, la decisión procura “garantizar el abastecimiento, la disponibilidad y el acceso” a insumos en el mercado nacional. Estos recursos se destinarán al avance de la reconstrucción y reparación de viviendas, centros de salud, instituciones educativas e infraestructura vial afectada.

Asimismo, se conoció que la libre exportación, en el contexto de la emergencia, podría ocasionar desabastecimiento o distorsiones de precios. Esa situación comprometería la capacidad de respuesta del Estado y de la ciudadanía durante las labores de recuperación.

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