La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en la noche del martes 28 de julio su solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del establecimiento de una jurisdicción especial para atender los asuntos civiles vinculados con la propiedad, la identidad y los procesos sucesorales.

Esta decisión de la mandataria ocurre en el marco de la atención a las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio ofreciendo apoyo gubernamental para recuperar sus hogares.

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Esta nueva propuesta busca respaldar económicamente a las familias damnificadas para adquirir viviendas en el mercado secundario con una parte de la financiación a cargo del Fondo Venezuela Renace. «Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda», resaltó la mandataria dando garantías a esta medida que beneficiará a las familias damnificadas con una posibilidad real de obtener una nueva vivienda.

«Quienes perdieron la propiedad de sus apartamentos que el terreno se va a dividir en partes iguales a lo que era su propiedad horizontal, su alijo de participación en la propiedad horizontal. Mantienen la propiedad por partes divididas en el terreno», fue una de las aclaraciones importantes realizadas por la mandataria en relación con la propiedad y deseen reconstruir.

???? La presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que proteger a las familias afectadas por el doble terremoto es la máxima prioridad del Gobierno. Rodríguez solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la creación de una jurisdicción especial para atender los asuntos… pic.twitter.com/I7kSjmviw2

— teleSUR TV (@teleSURtv) July 29, 2026

Para el cumplimiento de esta medida, el fondo se encargaría de subsidiar un 80 por ciento del valor en hogares con costo hasta 70.000 dólares y de un 50 por ciento para las que tienen un costo entre 70.000 y 100.000 dólares. En ambos casos, la persona tendrá la posibilidad de acceder a un crédito a pagar durante 25 años por el porcentaje restante según la opción elegida por el ciudadano.

Esta medida presentada constituye una propuesta sin precedentes para la población venezolana afectada por el doble sismo que, en las zonas donde tuvo mayor incidencia, causó severos daños materiales de los cuáles fuese más complejo recuperarse en otro contexto. «Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación», advirtió la presidenta encargada apelando a la consciencia en este tipo de negociaciones.

Las autoridades venezolanas han inspeccionado unas 32.485 viviendas a más de un mes del doblete sísmico, las cuales han dejado un balance de 18.139 verificaciones en color verde, 7.099 en amarillo y 7.147 en rojo. De estas verificaciones, 17.832 tuvieron lugar en Caracas, mientras que 12.552 fueron inspeccionadas en La Guaira y 4.878 en Miranda.

La recuperación en la nación bolivariana resulta una tarea compleja por la magnitud de los daños causados aquel 24 de junio en el territorio que ha dejado al menos 5.546 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda. Esta nueva medida a solicitud de la presidenta constituye un nuevo paso en las tareas de recuperación y las atenciones que se han tomado con la población mostrando el respaldo del gobierno ante uno de los golpes más duros que ha recibido la nación en los útlimos años.

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