El presidente Donald Trump y sus asesores ayudaron al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro a huir de Brasil, donde estaba bajo investigación por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas, informó este miércoles The New York Times.

El NYT, que citó fuentes gubernamentales estadounidenses, dijo que Bolsonaro está en Florida con un estatus temporal migratorio concedido por orden de Trump y que un trámite de residencia permanente sería concedido más adelante.

Según el reporte, que reproduce declaraciones de un funcionario, «se espera que Bolsonaro solicite en algún momento un estatus de residente permanente de EE.UU., conocido como tarjeta verde», un estatus que sería «procesado rápido».

La versión del NYT señala, además, que el avión privado en el que viajaron los Bolsonaro a EE.UU. desde Argentina fue gestionado por un funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca llamado Jason Miller.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo al medio estadounidense que Bolsonaro y sus familiares «fueron recibidos e inspeccionados» por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al llegar a EE.UU. y luego puestos en libertad.

Bolsonaro huyó a Estados Unidos pasadas unas 48 horas de su derrota electoral frente a Lula da Silva en el balotaje del domingo 25, y poco después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), solicitara requisar sus pasaportes ante sospechas de que pudiera dejar el país para evadir la justicia. El excandidato presidencial de ultraderecha afrontaba dos investigaciones.

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La primera es por financiación ilegal y blanqueo de capitales relacionados con la película biográfica Dark Horse sobre su padre, Jair Bolsonaro, una operación en que Flávio admitió haber solicitado 134 millones de reales (unos 26 millones de dólares) de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y en prisión preventiva por uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Brasil.

En la segunda, bajo secreto de sumario, se le señalan presunto lavado de dinero y evasión de divisas vinculada al abogado y amigo Willer Tomaz, a quien la justicia brasileña también investiga en una trama de movimientos financieros sospechosos y apuestas online.

El 27 de octubre, el magistrado Flávio Dino, del STF, ordenó una investigación por posible posible financiación extranjera e injerencia electoral, que apunta al origen y destino de fondos del exterior en la campaña de Bolsonaro, así como posibles manipulaciones en redes sociales y vínculos con intereses en minerales críticos.

Con su huida a Estados Unidos, incumplió la orden judicial de entregar sus pasaportes y la prohibición de abandonar Brasil.

Junto con su esposa e hijas, y con apoyo adicional del Gobierno de Javier Milei, atravesó la frontera entre Brasil y Argentina y embarcó en un jet privado en Puerto Iguazú, con escala en Guayaquil, Ecuador, antes de aterrizar el miércoles en Miami, EE.UU.

Milei es el único presidente de la región que ha evitado reconocer la victoria de Lula. Trump primero habló de fraude, luego dijo que las elecciones fueron «muy extrañas». Ha evitado pronunciarse sobre el ganador. Para ambos presidentes, la derrota de Bolsonaro fue un golpe que dejó a Brasil, mayor economía de América Latina, fuera de su proyecto regional de ultraderecha.

Justicia argentina pide video de huida de Bolsonaro

Un juzgado federal de Buenos Aires y otro de Misiones pidieron este jueves acceso al registro de video de las cámaras de seguridad y otras informaciones relativas al paso de Flávio Bolsonaro por el aeropuerto de Puerto Iguazú, desde donde el excandidato presidencial brasileño partió rumbo a Estados Unidos.

Los juzgados admitieron dos denuncias presentadas por los diputados Gabriel Solano y Marcela Pagano sobre la posible colaboración del Gobierno de Javier Milei con Bolsonaro y su familia para cruzar la frontera y abordar un avión privado que los llevó primero hacia Guayaquil (Ecuador) y luego a Miami, aun cuando el excandidato presidencial estaba bajo investigación y tenía prohibido salir de Brasil.

La solicitud de acceso a la grabación busca determinar si avanza una investigación tras la denuncia de Solano por encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales.

En su denuncia, Solano, integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FITU), señala que Milei y funcionarios de su Gobierno debían conocer la restricción de salida que la Justicia brasileña impuso a Bolsonaro.

La diputada Pagano, exintegrante del movimiento ultraderechista de Milei y hoy opositora al oficialismo, se presentó a los juzgados de Puerto Iguazú y en paralelo radicó una denuncia ante la Justicia brasileña en la ciudad de Foz de Iguazú, solicitando investigar el cruce de la frontera y posible tráfico de personas.
Pagano explicó que el objetivo es saber «si hubo complicidad argentina en el paso de la frontera de manera irregular» de Bolsonaro.

Añadió que interpuso la denuncia en Brasil porque «desde el Gobierno argentino están presionando a la Justicia y a las autoridades para que no investiguen la denuncia en jurisdicción federal argentina».

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El clan Bolsonaro, los problemas judiciales y Trump

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, que pidió a Trump sanciones para Brasil, está en EE.UU. desde 2025. Reside en texas y también recibió en julio pasado una aprobación rápida de su residencia permanente. Según el NYT, está «en contacto» con Miller, el funcionario de la Casa Blanca que gestionó el vuelo del senador.

Tiene en Brasil dos condenas pendientes: una de cuatro años y dos meses de cárcel por coacciones a la justicia al haber gestionado ante la Administración de Donald Trump sanciones contra los jueces que procesaban a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, bajo condena de 27 años por conspiración e intento de golpe de Estado, y otra de un año por difamación contra una parlamentaria.

El padre de ambos, Jair Bolsonaro, tampoco reconoció la derrota frente a Lula en los comicios de 2022 y su partido (PL) pidió anulación de más de 250.000 urnas alegando irregularidades, desestimada por la autoridad electoral por falta de pruebas.

Viajó a EE.UU. el 30 de diciembre, con el fin de no participar en la ceremonia de trapaso presidencial. Pocos días después, se produjo el asalto de sus seguidores a las sedes de los tres poderes del Estado, en Brasilia.

Juzgado por tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, en el juicio se demostró que Bolsonaro y su círculo íntimo (incluidos exministros y altos mandos militares) conspiraron activamente para deslegitimar el sistema de votación, atacar a las instituciones y ejecutar un plan progresivo para evitar que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia tras las elecciones de 2022. Fue condenado a 27 años de prisión, que actualmente cumple en arresto domiciliario.

Otros dos hermanos de Flávio tienen problemas con la Justicia. Carlos, senador electo, está acusado por la Policía Federal en el caso «Abin paralela», trama que utilizó recursos de la Agencia Brasileña de Inteligencia para espiar ilegalmente a adversarios del Gobierno de su padre, Jair.

Paralelamente, está bajo investigación por presunta apropiación de parte de los salarios de asesores «fantasma» contratados en su despacho de concejal en Río de Janeiro, pero que no trabajaban.

Jair Renan, diputado electo de 28 años, ha sido denunciado ante la Justicia Federal de Brasilia por blanqueo de capitales y falsedad documental. Según el Ministerio Público, usó datos financieros ficticios de una empresa propia para obtener un préstamo bancario.

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