La campaña «Las tierras raras son nuestras» emerge con fuerza en Brasil, evocando el espíritu de la histórica consigna «El petróleo es nuestro». Esta actualización refleja una creciente conciencia sobre la importancia de los minerales críticos y la necesidad de proteger la soberanía nacional sobre ellos, fundamentales para el desarrollo tecnológico y económico del país.

En este contexto, el diputado Patrus Ananias del Partido de los Trabajadores (PT Brasil) presentó un Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados. El objetivo central de esta propuesta es establecer una Reserva Nacional específica para los minerales de tierras raras en la estratégica Meseta Volcánica del Sur, abarcando las regiones de Minas Gerais y São Paulo.

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La iniciativa legislativa, liderada por el reconocido ambientalista Daniel Tygel, trasciende la mera declaración de un área protegida. El Proyecto de Ley propone una «serie de reglas de gobernanza y condiciones especiales para las licencias mineras y ambientales», buscando garantizar una explotación más justa y sostenible de estos recursos.

Esta medida representa un llamado explícito a la «soberanía nacional sobre los minerales críticos», término que enfatiza la trascendencia de estos elementos para diversas industrias de alta tecnología. Su control es considerado vital para la autonomía tecnológica y económica de Brasil en el escenario global.

La propuesta marca un «punto de inflexión» significativo en la política de recursos del país. Tradicionalmente, la «norma de municipios y gobierno de Minas Gerais era entregarlo materias primeras sin valor agregado para Brasil», lo que significaba una pérdida de oportunidades económicas y de industrialización.

Además, esta práctica de exportar materias primas sin procesar acarreaba una preocupación adicional: que los minerales fueran utilizados, en el fin de su cadena productiva, con «fines bélicos». La nueva ley busca evitar que los recursos brasileños contribuyan a conflictos externos sin control ni beneficio para la nación.

De ser aprobado el Proyecto de Ley, se garantizaría que las comunidades sean escuchadas en todo el proceso de toma de decisiones relativo al destino y la explotación de estos minerales. Este aspecto refuerza el derecho al consentimiento y la participación local.

Finalmente, la ley establecerá que «las decisiones sobre el destino de los minerales deberán pasar por entes federales», lo que centralizará el control y reforzará la supervisión del Estado. Esto asegura que un sector tan estratégico para el «desarrollo y la seguridad nacional» de Brasil esté bajo una gestión unificada y soberana.

Semanas atrás, el Gobierno de Lula da Silva lanzó su Estrategia Nacional de Tierras Raras, una iniciativa que busca establecer “directrices, metas e instrumentos” para el desarrollo del sector, considerado estratégico para la economía digital, la transición energética y la industria de defensa.

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