El aumento del precio de la electricidad en España mantiene presión sobre los bolsillos de los hogares españoles en 2026, tras registrar en 2025 la cuarta factura media más cara desde 2014.

Se calcula que el incremento de los peajes y cargos del sistema eléctrico tiene un efecto aproximado del 4,1 por ciento sobre la factura media. A ese impacto se suma la finalización de medidas fiscales de apoyo: la retirada de subsidios que beneficiaban a la electricidad y al gas podría traducirse en subidas adicionales del orden del 15 y el 11 por ciento en cada servicio respectivamente.

El encarecimiento pesa con especial dureza sobre hogares vulnerables, se estima que alrededor del 17 por ciento de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos, y cerca del 9 por ciento presenta retrasos en el pago de facturas vinculadas al inmueble.

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La crisis energética reaparece así en la agenda pública con protestas y demandas de políticas que protejan a los hogares más expuestos a la volatilidad de los mercados.

La Alianza contra la Pobreza Energética (APE), movimiento social surgido en 2014 para defender el acceso universal al agua y energía, ha reforzado la movilización, realizando asambleas que agrupan a vecinos que exponen problemas y piden medidas estructurales que garanticen el suministro básico.

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A la incertidumbre de precios se suma la reciente resolución del Tribunal Constitucional que limita la protección frente a cortes de suministro prevista en la Ley 24/2015 de Cataluña. En un comunicado, la APE calificó la decisión como un golpe a los derechos básicos y advirtió que deja a miles de hogares desprotegidos.

Organizaciones sociales sostienen que la sentencia favorece intereses del oligopolio energético y reduce la capacidad autonómica para proteger a las personas vulnerables.

Ante la situación, movimientos sociales como la APE, exigen al Departament de Drets Socials de Cataluña, responsable de la promoción y protección de los derechos sociales y laborales de los ciudadanos, que articule una hoja de ruta para afrontar el nuevo escenario y que la Mesa de Pobreza Energética acuerde medidas coordinadas entre administraciones y entidades.

El retorno de la crisis energética coincide con un escenario complejo, con factores climáticos que afectan a la producción renovable, una dependencia aún relevante del gas para garantizar la estabilidad del sistema y contextos geopolíticos que elevan los precios de combustibles.

Mientras el mercado y la geopolítica condicionan los costes, miles de hogares siguen vulnerables, y la discusión pública se centra ahora en cómo combinar medidas sociales, regulatorias y energéticas para evitar que la pobreza energética se convierta nuevamente en una crisis social de gran magnitud.

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