El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez Gómez, anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria para este 1 de diciembre, en la que se propondrá conformar una comisión especial parlamentaria destinada a investigar desde el Parlamento los asesinatos de venezolanos ocurridos en aguas del mar Caribe a causa de ataques directos de las tropas de los Estados Unidos.

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La medida surge tras las graves denuncias presentadas por familiares de las víctimas, con quienes Rodríguez sostuvo una reunión previa junto al primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta, América Pérez.

Rodríguez afirmó que se trata de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por efectivos militares de Estados Unidos desde el 2 de septiembre, en el marco de acciones que calificó como “a todas luces ilegítimas e ilegales”.

Señaló además que los familiares de los ejecutados han recibido amenazas de sectores interesados en impedir que los hechos salgan a la luz, razón por la cual se ha resguardado la identidad de todas las personas involucradas.

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El presidente del Parlamento aclaró que la sesión extraordinaria buscará aprobar una comisión especial que permita investigar de manera exhaustiva los hechos que condujeron al asesinato de ciudadanos venezolanos en el Caribe.

La denuncia adquiere relevancia internacional, especialmente luego de que medios como The Washington Post revelaran detalles sobre el llamado “primer ataque kinético letal” del 2 de septiembre, en el que dos sobrevivientes heridos habrían sido ejecutados tras una presunta orden de “mátenlos a todos” atribuida al Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Rodríguez subrayó que, de confirmarse estos hechos, se trataría de una violación flagrante del Derecho Humanitario Internacional, de la Convención de Ginebra de 1949, y del Protocolo I de 1977, que establecen la obligación de respetar y proteger a combatientes heridos, enfermos o fuera de combate, incluidas personas náufragas.

Recordó que el artículo 12 de la Convención es explícito al prohibir cualquier atentado contra la vida o integridad de quienes no representan amenaza, mientras el artículo 41 del Protocolo de 1977 determina que “ninguna persona podrá ser objeto de ataque” en tales circunstancias.

El presidente de la AN destacó que el creciente interés del Congreso estadounidense por investigar el caso responde no solo al impacto internacional del tema, sino también a la necesidad de evitar que acciones de este tipo comprometan a los propios soldados estadounidenses en escenarios de conflicto. “Si Estados Unidos normaliza el asesinato de náufragos o heridos, otros ejércitos podrían considerar tener el mismo derecho”, advirtió.

Rodríguez cuestionó, además, la pertinencia de la supuesta “Operación Antinarcóticos” bajo la cual se enmarcan las acciones norteamericanas, señalando que no existe guerra declarada ni evidencia de que estas operaciones contribuyan a disminuir el consumo de sustancias ilícitas en Estados Unidos.

Con la instalación de la comisión especial, la Asamblea Nacional busca establecer responsabilidades, esclarecer los hechos y denunciar en instancias internacionales un episodio que Caracas considera un grave atentado contra la vida, la soberanía y el derecho internacional.

EE.UU. ejecuta civiles bajo el paraguas de operaciones antinarcóticos

En los últimos tres meses, las aguas del Caribe se han convertido en escenario de una creciente escalada luego de que operaciones militares estadounidenses emprendieran acciones letales contra embarcaciones de personas no identificadas, en el marco de supuestas maniobras «antinarcóticos» que Caracas y Colombia denuncian como agresiones directas contra población civil desarmada.

Desde el 2 de septiembre, al menos tres incidentes documentados involucran la interceptación de pequeñas embarcaciones provenientes de las costas venezolanas, que fueron atacadas, destruidas o hundidas por unidades navales o aerotransportadas de Estados Unidos, dejando un número aún indeterminado de víctimas mortales y varios desaparecidos.

Para el Gobierno bolivariano estos hechos constituyen violaciones flagrantes del Derecho Internacional, pues se trata de pescadores artesanales, muchos de ellos náufragos y sin armamento alguno, que fueron objeto de acciones letales sin previo aviso, sin proceso alguno y sin amenaza verificable, lo que configura ejecuciones extrajudiciales prohibidas por la Convención de Ginebra y por todos los protocolos que rigen los conflictos armados.

Caracas sostiene que Estados Unidos actúa fuera de cualquier marco legal, al ejecutar acciones militares en aguas del Caribe sin autorización del país ribereño y sin aval de organismos multilaterales.

El Gobierno venezolano ha denunciado que estas agresiones forman parte de una estrategia más amplia de hostigamiento, que combina presión diplomática, operaciones psicológicas y despliegue militar con el objetivo declarado de cercar a Venezuela y construir un clima de desestabilización que justifique futuras escaladas.

Según la posición oficial, Washington busca normalizar la presencia permanente de fuerzas militares estadounidenses en la región, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, pese a que Venezuela es el país con la mayor reducción sostenida de rutas ilícitas hacia el Caribe, según datos de la ONU.

La respuesta del Gobierno venezolano ha sido categórica. El presidente Nicolás Maduro calificó los ataques como “actos de piratería militar y terrorismo de Estado”, advirtiendo que Venezuela no permitirá que se convierta en rutina el asesinato de pescadores y ciudadanos indefensos en su territorio marítimo.

Maduro ha insistido en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene una posición alerta, imperturbable y en defensa de la soberanía, mientras se exige que Estados Unidos rinda cuentas ante el derecho internacional.

La Cancillería venezolana, por su parte, elevó la denuncia ante organismos multilaterales, subrayando que estos ataques vulneran la paz regional, desestabilizan las rutas de pesca artesanal y generan una atmósfera de inseguridad que afecta a comunidades enteras que viven del mar.

Caracas ha pedido la activación de los mecanismos de resolución de disputas en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y ha exhortado a la ONU a investigar de manera independiente lo ocurrido.

A nivel regional e internacional, varias voces se han sumado a la preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza militar estadounidense en el Caribe.

Venezuela reitera que la defensa de la vida de sus ciudadanos y la denuncia de estos crímenes no solo constituye un deber nacional, sino también un compromiso con la legalidad internacional y con la paz en la región.

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