En lo que se considera como un revés para el presidente argentino Javier Milei, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió admitir una queja presentada por un grupo de damnificados del caso $LIBRA, una decisión que reabre la discusión sobre su participación en el expediente.

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La resolución fue impulsada por los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, quienes dieron curso al planteo formulado por los afectados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Los reclamantes habían agotado instancias previas sin obtener una respuesta favorable.

Con esta decisión, la Casación deberá escuchar a las partes involucradas antes de definir si los damnificados recuperan su condición de querellantes dentro del proceso. El tribunal analizará los argumentos presentados y determinará los próximos pasos de la causa.

Los afectados habían sido excluidos del expediente por las decisiones judiciales mediante las cuales el juez Marcelo Martínez de Giorgi decretó el sobreseimiento de todos los acusados, ratificadas posteriormente por la Cámara Federal porteña con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Esa situación también les había limitado las posibilidades de recurrir por otras vías.

Ante la Casación, los denunciantes sostuvieron que su apartamiento vulneraba el derecho constitucional de acceso a la justicia. En su presentación señalaron que el expediente se centra en la promoción inicial del activo digital por parte del presidente Javier Milei y en las operaciones que precedieron a una brusca caída de su valor.

Los magistrados Slokar y Ledesma aceptaron el planteo este miércoles con un voto en contra y habilitaron formalmente el tratamiento de la queja. La determinación no modifica aún la situación procesal de los damnificados, pero abre una nueva instancia de revisión judicial.

La medida fue recibida favorablemente por las representaciones legales de los afectados. El abogado Nicolás Oszust, representante de Martín Romeo, afirmó: “Estamos satisfechos con la resolución que está reparando la injusticia en que había recaído el juez de primera instancia como la cámara revisora”. En términos similares se manifestó el letrado Nicolás Rechanik, quien representa a otros denunciantes.Mientras tanto, la causa también permanece bajo análisis por otras actuaciones judiciales.

En ese contexto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó el 29 de octubre que “se deje sin efecto” la resolución que había dispuesto los sobreseimientos de los acusados, al considerar que esa decisión resultaba “prematura”, lo que podría dar nuevo impulso a la investigación.

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