La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes 6 julio, que la lucha legítima contra la delincuencia organizada no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia extranjera en los asuntos internos de la nación.

La jefa de Estado anunció que este martes 7 de julio se presentará un informe detallado con datos oficiales sobre la polémica detención del narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada, ocurrida en territorio estadounidense.

El origen de la controversia se remonta al traslado unilateral de Zambada a Estados Unidos sin la autorización ni participación de las agencias de seguridad mexicanas, un hecho que vulneró los acuerdos bilaterales de cooperación. Esta acción encubierta generó un inmediato incremento de la violencia armada en el norteño estado de Sinaloa debido al choque entre facciones que se disputan el control territorial de la región.

Zambada fue aprehendido en Texas tras ser llevado bajo engaños en un avión privado, una aeronave que la semana pasada fue donada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a un museo militar en Nuevo México. Sheinbaum calificó como muy importante exponer públicamente este suceso, contrastando las acciones actuales de la agencia estadounidense con las declaraciones formales entregadas en su momento al Gobierno mexicano.

Desde el Palacio Nacional, la dignataria consideró de suma relevancia sacar a la luz pública la manera en la que los organismos extranjeros planificaron y ejecutaron esta captura en suelo internacional. La presidenta adelantó que este martes revelará las cartas y comunicaciones oficiales intercambiadas por el exfiscal Alejandro Gertz y el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para esclarecer las contradicciones del caso.

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La mandataria respaldó la postura de dignidad nacional sostenida originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizando que el esclarecimiento de estos hechos es vital para la salud de las relaciones diplomáticas. Sheinbaum recalcó que su administración continuará avanzando firmemente en los planes conjuntos de seguridad ciudadana, pero siempre bajo un esquema de cooperación mutua y absoluta independencia política.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que el respeto a la autodeterminación de los pueblos constituye un principio irrenunciable para garantizar la paz y la estabilidad democrática en toda la región latinoamericana.

La administración federal concluyó que la colaboración con la Casa Blanca se mantendrá activa en la frontera común, pero rechazando con firmeza cualquier intento de subordinación o injerencismo imperial en los poderes del Estado.

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