El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este martes 16 de junio, un decreto de reforma judicial que elimina la participación ciudadana y los controles de transparencia en la selección de los integrantes de la Corte Suprema, al modificar el procedimiento legal establecido para la postulación y designación de los mismos.

La Casa Rosada impulsó este cambio normativo tras la aprobación de 74 pliegos de jueces y fiscales en el Senado. El mandatario argentino y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron la medida que modifica las normativas federales 222 y 588 de 2003 bajo el argumento de una supuesta modernización administrativa que buscan agilizar la cobertura de vacantes en el máximo tribunal ante una supuesta crisis institucional provocada por el elevado porcentaje de cargos acéfalos en el sistema judicial nacional y federal.

La reforma implementada suprime también de forma directa la instancia de participación de organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales a presentar observaciones fundadas o impugnaciones contra la idoneidad de los candidatos propuestos.

Asimismo, la nueva disposición reduce los mecanismos de publicidad oficial de las candidaturas al derogar la obligatoriedad de difundir los antecedentes curriculares y patrimoniales en diarios de circulación nacional, restringiendo la información exclusivamente a los portales web institucionales del Ministerio de Justicia y al Boletín Oficial.

El Ejecutivo justificó este recorte procedimental calificándolo como una simplificación burocrática orientada a evitar la duplicación de etapas que posteriormente se sustancian en el Senado de la Nación.

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Por otra parte, el decreto deroga formalmente los criterios institucionales que obligaban al Estado a contemplar de manera prioritaria la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional de los aspirantes en el marco del ideal de representación de un país federal.

Desde el oficialismo se alegó que dichas exigencias corresponden a valoraciones discrecionales del Poder Ejecutivo y no a mandatos expresos de la Constitución Nacional. En tanto, sectores de la oposición y especialistas advierten que este retroceso normativo limita los niveles de transparencia pública y el control previo de las designaciones, debilitando los canales democráticos de fiscalización sobre el Poder Judicial.

En paralelo, el presidente Javier Milei, realizará un nuevo viaje hacia Estados Unidos este próximo 4 de julio con el objetivo de participar en los actos oficiales por el día de la independencia de ese país.

Con este traslado, el mandatario sumará su decimoctava visita a territorio estadounidense, manteniendo una tendencia de viajes al exterior financiados con fondos públicos en un contexto interno marcado por el encarecimiento del costo de vida, la pérdida del valor de los salarios, la destrucción de puestos de trabajo y severos recortes presupuestarios en las áreas de educación y salud.

La actividad oficial coincide además con una tendencia a la baja en sus índices de aprobación y un incremento en la represión de las protestas sociales. Esta nueva visita a Nueva York profundiza el alineamiento político de la gestión de La Libertad Avanza con la Administración estadounidense de Donald Trump.

Dicha sintonía internacional abarca el impulso de un polémico acuerdo comercial bilateral, el respaldo al Gobierno de Israel y el establecimiento de una alianza militar en el Atlántico Sur. Con este próximo desplazamiento, el jefe de Estado argentino incrementará una estadística que registra al menos 122 días fuera de su país en un total de 39 viajes internacionales desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

Según un informe elaborado por el politólogo Pablo Salinas, esta cifra acumulada de días en el extranjero supera los registros de sus tres predecesores presidenciales evaluados al mismo período de sus respectivos mandatos.

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