Comunidades originarias de Jujuy, Argentina, declaran personas no gratas a autoridades provinciales

Comunicaron que impedirán el acceso de funcionarios públicos a sus territorios ante la ausencia de respuestas a sus reivindaciones, que incluyen la entrega de títulos de propiedad de sus territorios.

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Señalan que únicamente obtuvieron promesas que, hasta el momento, no se vieron materializadas en medidas concretas. Foto: EFE.


19 de noviembre de 2026 Hora: 13:40

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Representantes de pueblos originarios de la provincia de Jujuy, en Argentina, resolvieron declarar personas no gratas a integrantes del Gobierno provincial y de la Legislatura ante la ausencia de respuestas a sus solicitudes, los cuales se centran en el reconocimiento de la personalidad jurídica y la adjudicación de los títulos de propiedad correspondientes a sus tierras comunitarias.

De acuerdo con lo expresado por los voceros, los trámites y gestiones se extienden desde hace cerca de un año y medio para exigir el cumplimiento de derechos previstos por la legislación vigente. A pesar del tiempo transcurrido, señalaron que únicamente obtuvieron promesas que, hasta el momento, no se vieron materializadas en medidas concretas.

Como parte de la postura adoptada, las comunidades comunicaron que impedirán el acceso de funcionarios públicos a sus territorios. Esta medida fue anunciada de cara al inicio de la campaña electoral, período en el que los representantes originarios ratificaron que no abrirán las puertas de sus comunidades a las autoridades tras meses sin soluciones efectivas.

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Con este pronunciamiento, vuelve a quedar en el centro del debate público la situación del reconocimiento jurídico de los pueblos originarios y la regularización dominial de las tierras comunitarias en Jujuy, demandas que continúan aguardando definiciones.

En agosto, integrantes de la comunidad originaria de Santa Rosa, en la localidad de Humahuaca, al norte de la provincia de Jujuy, en Argentina, denunciaron un violento operativo de desalojo ejecutado un lunes en un terreno comunitario, que dejó al menos diez personas heridas con perdigones de goma, tres viviendas totalmente destruidas por maquinaria pesada e incertidumbre sobre el paradero de menores de edad retirados del lugar durante el procedimiento.

Tras acudir a la fiscalía para presenta la denuncia, el vicecomunero Ángel Mendoza dio detalles a la prensa sobre la actuación de las fuerzas de infantería y la policía que irrumpieron en el terreno. «Entraron tirando balas de goma y gases lacrimógenos. Había menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Tiraron todas las cosas afuera y con una máquina sin patente derrumbaron por completo las tres casas donde vivían tres familias de nuestro pueblo», denunció en aquel momento.

Mendoza agregó que el enfrentamiento se produjo cuando las familias intentaron frenar el avance de las máquinas en defensa de sus hogares.

Autor: teleSUR: ig - RR

Fuente: Agencias