En un nuevo avance de su agenda de control migratorio, el Gobierno argentino publicó este miércoles 29 de julio, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la prohibición de ingreso y la expulsión del territorio nacional para aquellos extranjeros que «incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino» o que «ultrajen los símbolos patrios».

​La medida fue oficializada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), justificándola como una respuesta «a las recientes manifestaciones de hostilidad» contra el país. 

«Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país», sostuvo el Ejecutivo.

​La decisión se da en el marco de la retórica del presidente Javier Milei sobre una supuesta «campaña antiargentina» intensificada en redes sociales durante el reciente Mundial de fútbol en Norteamérica, una acusación sin pruebas con la que el mandatario ha apuntado hacia los Gobiernos de Brasil, México y el Partido Demócrata de Estados Unidos.

Este nuevo DNU refuerza una serie de normativas de corte antimigratorio impulsadas por la actual Administración que han generado un amplio rechazo en el ámbito judicial. 

Esta no es la primera medida de Milei contra la población migrante. El mandatario ya había firmado el DNU 366/2025, también de inspiración trumpista, que quedó judicializado. La Cámara Electoral lo declaró inconstitucional y nulo al sostener que legislaba alterando leyes migratorias y de ciudadanía sin fundamentar la necesidad ni la urgencia, y versaba sobre materia electoral —una de las prohibiciones constitucionales para los DNU—.

LEA TAMBIÉN:

Denuncian a Milei por malversación de fondos públicos durante viaje electoral a Brasil

Aquel decreto complicaba el acceso de extranjeros a la ciudadanía argentina, imponía requisitos adicionales y arancelamiento para acceder a la salud y la educación, y retiraba al Poder Judicial las decisiones sobre naturalizaciones. Los camaristas Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía explicaron que el otorgamiento de la ciudadanía «es condición esencial para el ejercicio de los derechos políticos», y que el Gobierno había mezclado la cuestión migratoria con el trámite de nacionalidad.

El Ministerio de Seguridad, la Dirección de Migraciones y la Procuración del Tesoro presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que revoque ese fallo. El máximo tribunal aún no resolvió la suerte del DNU 366.

Hace poco más de un mes, Milei lanzó otro decreto con igual espíritu: el Programa de Seguridad Migratoria, que habilita a todas las fuerzas de seguridad federales para participar en acciones de inteligencia, persecución, detención y deportación de cualquier inmigrante o turista sospechado de no tener los papeles en regla.

Además, hace apenas un mes, el Gobierno lanzó el Programa de Seguridad Migratoria, el cual facultó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para actuar como policía auxiliar de la Dirección Nacional de Migraciones en labores de inteligencia, detención y deportación de inmigrantes en situación irregular.

EN ESTA NOTA: