Este viernes 24 de julio, el Ejecutivo argentino presentó ante la Cámara de Diputados un anteproyecto de reforma a la Ley de Inocencia Fiscal, una normativa sancionada y promulgada hace poco más de cinco meses. 

Este proyecto tiene el objetivo de eliminar los topes patrimoniales actuales y permitir que un mayor espectro de contribuyentes pueda regularizar sus activos ante el fisco.

​El texto fue presentado previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una comparecencia en la que no hubo espacio para preguntas de la prensa, y busca reforzar las garantías jurídicas de los contribuyentes frente a eventuales fiscalizaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

​La propuesta oficialista modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. La ley aprobada en febrero pasado fijaba un límite máximo de patrimonio de 10.000 millones de pesos (aproximadamente 6,64 millones de dólares) e ingresos anuales inferiores a 1.000 millones de pesos (664.000 dólares) para acceder a las prerrogativas del esquema. De aprobarse el nuevo texto, dichos techos quedarán suprimidos.

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​Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones juradas para subsanar inconsistencias sin ser excluidos automáticamente del régimen, una opción inhabilitada en la legislación vigente.

​Según datos difundidos por la ARCA, más de 330.000 personas se han adherido hasta la fecha a este régimen, cuyo requisito central es contar con residencia fiscal en Argentina y no figurar en la categoría de grandes contribuyentes.

​Alcance de la medida en el escenario político

​El anteproyecto precisa que la normativa no excluye a exfuncionarios públicos. El uso de este mecanismo cobró relevancia mediática tras conocerse que a él se acogió el exportavoz presidencial y exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dimitió el pasado junio en medio de investigaciones judiciales sobre la evolución de su patrimonio en relación con sus ingresos formales.

Con el ingreso del documento a la Cámara Baja, el bloque oficialista de La Libertad Avanza busca abrir el debate parlamentario para consolidar un marco tributario de mayor flexibilidad y elevar los umbrales a partir de los cuales el organismo recaudador puede iniciar investigaciones por presunta evasión fiscal.

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