Las comunidades originarias que habitan la meseta de Neuquén, Argentina levantaron su voz contra las secuelas del modelo extractivista en Vaca Muerta, catalogando como un falso relato la supuesta prosperidad de la región.

Jorge Nawel, abogado y vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, denunció que la comunidad lof Newen Mapu enfrenta una profunda desigualdad al habitar sobre un yacimiento hidrocarburífero y junto a acueductos sin contar con servicios básicos como gas natural, agua potable ni energía eléctrica

Afectaciones ambientales y destrucción del entorno por el fracking

Tras 13 años del inicio de las operaciones tras el acuerdo entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Chevron con epicentro en Añelo, la fracturación hidráulica (fracking) transformó de forma drástica el entorno de las comunidades.

Nawel explicó que la proliferación de picadas, caminos y maquinarias desplazaron la fauna local y destruyeron el entorno de la economía de supervivencia ganadera.

Las afectaciones ambientales abarcan la sismicidad provocada por las perforaciones, la desaparición de vertientes naturales de agua dulce y la emanación de gas metano a la atmósfera, comprometiendo la salud de los pobladores, animales y vegetación.

Exigencia de garantías constitucionales y reconocimiento territorial

En Neuquén habitan 70 comunidades originarias, de las cuales 30 se ubican en las proximidades de Vaca Muerta y 12 en el municipio de Añelo.

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Estas poblaciones reclaman la titularidad comunitaria de sus tierras amparadas en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vigente en el país desde hace 25 años, exigiendo tres pilares fundamentales: otorgamiento de personalidad jurídica, derecho a la consulta previa, libre e informada, y reconocimiento formal de la propiedad de la tierra.

Represión institucional y denegación de la personería jurídica

La negativa del Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, a emitir las personerías jurídicas expresada hace un mes en el rechazo explícito a dos comunidades bajo el argumento de falta de pruebas sobre su identidad deja indefensas a las familias frente a la entrega de concesiones petroleras.

La represión policial ejercida el año pasado contra los dirigentes que se encadenaron en la Gobernación, sumada a los extensos plazos de las causas iniciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), profundiza la deuda histórica de los Gobiernos con el pueblo mapuche, agudizada desde el desembarco del fracking en 2013.

Movilización popular y debate académico por los derechos indígenas

El debate recobró fuerza ante las movilizaciones masivas en la capital neuquina contra las normativas de extranjerización de la tierra. Aunque las protestas lograron el retiro del articulado principal sobre dicho punto, se mantuvieron restricciones a las expropiaciones y facilidades para el desalojo.

Ante este panorama, el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue albergó una mesa de debate para exigir la aplicación efectiva de los derechos indígenas, espacio en el que participaron el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el obispo de Neuquén, Fernando Croxato; la vicerrectora de la casa de estudios, Lorena Higuera; Manuel Tufró, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche Tehuelche, y el propio Jorge Nawel.

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