Argentina: Presentan acción judicial contra petroleras por daños ambientales en las Malvinas
Se trata de la concesión a proyecto de extracción de crudo costa afuera denominado «Proyecto Sea Lion» (Proyecto León Marino) que pretende operar en el territorio argentino en 2028, sin participación de las autoridades argentinas.
La demanda ambiental estima alrededor de 9 millones de toneladas de CO₂ durante la etapa de desarrollo y más de 100 millones de toneladas derivadas de la quema del petróleo extraído. Foto: Archivo
1 de septiembre de 2026 Hora: 17:57
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El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) presentaron una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva contra las petroleras Rockhopper de Reino Unido y Navitas de Israel. Las compañías poseen ilegítimas concesiones brindadas por el Gobierno colonial británico que usurpa las islas Malvinas a la Argentina, arriesgando su ecosistema y quebrantando su soberanía.
«La particular gravedad y singularidad del caso reside en que la ocupación ilegítima del territorio y los espacios marítimos argentinos se proyecta directamente sobre la “tutela ambiental soberana” que reclamamos, dado que, las empresas demandadas pretenden ejecutar una actividad susceptible de producir graves daños ambientales sobre recursos naturales pertenecientes a la República Argentina«, expresaron CECIM y AAdeAA a través de un comunicado.
Se trata de la concesión a proyecto de extracción de crudo costa afuera denominado «Proyecto Sea Lion» (Proyecto León Marino), que pretende operar en el territorio argentino en 2028, la iniciativa solo recibió la aprobación del Gobierno isleño sin participación de las autoridades argentinas.
El proyecto pretende desarrollarse con un 65% de participación y operación del área por parte de la compañía israelí Navitas Petroleum, mientras que la británica Rockhopper Exploration participa con un 35%.
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Contempla 23 pozos, 16 de ellos productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas. Todo el sistema giraría en torno a una unidad flotante FPSO con capacidad aproximada para procesar 120.000 barriles diarios de crudo y 140 millones de pies cúbicos diarios de gas, señala el texto.
La demanda ambiental estima alrededor de 9 millones de toneladas de CO₂ durante la etapa de desarrollo y más de 100 millones de toneladas derivadas de la quema del petróleo extraído. El documento identifica además riesgos para mamíferos y aves marinas, para el fondo oceánico, por la introducción de especies invasoras y por derrames.
Además advierten que un derrame relevante arrastraría contaminantes mucho más allá del área inmediata del proyecto, hacia otros sectores productivos y ambientalmente sensibles del Mar Argentino.
La CECIM y AAdeAA denunciaron que las empresas demandadas «no han cumplido con la Resolución
31/49 de Naciones Unidas, ni con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecido
por las Leyes argentinas de orden público (25.675)».
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A su vez, destacan que la medida judicial solicita que se ordene a estas empresas «abstenerse de iniciar y/o continuar las obras, instalaciones, perforaciones, movimientos del lecho marino, tendido de cañerías, pruebas, ensayos, actividades preparatorias, financiamiento de obras y cualquier otra intervención relevante vinculada con el emprendimiento, así como de iniciar la extracción y explotación de hidrocarburos, dado el carácter unilateral, colonial y manifiestamente ilegal del accionar».
Autor: teleSUR - mb - JB
Fuente: Agencias
