Asamblea Nacional de Venezuela inicia consulta de reformas a leyes habitacionales

La iniciativa legal busca proteger a las más de 17.000 familias damnificadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

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El nuevo texto legal, que consta de 27 artículos y cuatro capítulos, implementará incentivos económicos indexados, garantías bancarias o de seguros, y mecanismos rápidos para la resolución de conflictos. Foto: @asamblea_ven


17 de julio de 2026 Hora: 14:58

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La Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela inició la consulta pública sobre los proyectos de reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y de la Ley del Régimen Especial del Arrendamiento de Inmuebles destinados a vivienda.

El debate, realizado en el Auditorio de la Cantv (principal empresa estatal de telecomunicaciones de Venezuela), ubicado en la ciudad de Caracas, capital del país, recogió las propuestas de diversos sectores sociales y económicos con el fin de robustecer el marco jurídico habitacional, enfocando los esfuerzos en la atención de las más de 17 mil familias que quedaron damnificadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El diputado Pedro Infante expuso que las modificaciones legislativas, aprobadas por unanimidad en primera discusión, buscan dinamizar el mercado de alquileres y la construcción de nuevas residencias bajo un esquema de sano equilibrio jurídico.

El nuevo texto legal, que consta de 27 artículos y cuatro capítulos, implementará incentivos económicos indexados, garantías bancarias o de seguros, y mecanismos rápidos para la resolución de conflictos. Asimismo, el parlamentario precisó que la normativa introduce cambios operativos de gran calado, prohibiendo de forma taxativa el arrendamiento de viviendas situadas en zonas de alto riesgo o estructuras precarias.

Por otra parte, la reforma contra la estafa inmobiliaria se orienta a flexibilizar y optimizar las condiciones financieras para que la población afectada por el desastre telúrico acceda a soluciones habitacionales dignas.

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La propuesta modifica componentes clave del sector de la construcción para incorporar el capital privado en la edificación de nuevos hogares, posicionando al Estado venezolano como un ente facilitador de derechos.

Tras concluir esta fase de consulta popular con las comunidades y los sectores productivos, ambos proyectos normativos pasarán a la segunda discusión en la plenaria legislativa para su sanción definitiva y posterior promulgación por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En cuanto al proyecto de arrendamiento, el diputado Rigel Sergent indicó que el propósito principal es incentivar a los propietarios a colocar viviendas ociosas en el mercado de alquileres mediante un marco especial diferenciado.

Al respecto, aclaró que los inquilinos actuales mantendrán la protección absoluta de la ley vigente para salvaguardar sus derechos, mientras que los nuevos contratos se regirán bajo parámetros diseñados para generar mayor confianza y equilibrio entre las partes.

La consulta pública de estas normativas recibió propuestas del sector inmobiliario privado, el cual plantea la necesidad de implementar créditos indexados, registros mediante tecnología digital para evitar fraudes y la aplicación de modelos de construcción antisísmica eficientes que ayuden a reactivar la economía.

Por otra parte, respecto a la gestión de riesgo tras los recientes sismos que sacudieron el territorio nacional, el parlamentario destacó que las instituciones del Estado se encuentran desplegadas en tres etapas fundamentales que se desarrollan de manera simultánea: rescate, revisión de estructuras y determinación de habitabilidad.

Sergent hizo especial énfasis en la inspección técnica de las edificaciones construidas antes de 1967, utilizando el método del semáforo para catalogar su estado de resistencia estructural y garantizar la seguridad física de las familias venezolanas en los sectores vulnerables.

Autor: teleSUR: lf - RR

Fuente: Asamblea Nacional Venezuela