Desde el año pasado la comunicación pública en Brasil sufre una reestructuración por el Gobierno de facto brasileño y la Radio Nacional Amazonia ha sido uno de los blancos más recientes de las políticas de desmantelamiento de Michel Temer. 

“Es necesario volver la misión social en aquella región, el Gobierno tiene que volver a asumir ese gasto, estamos en un congelamiento, un bloqueo de los recursos en nuestro presupuesto de este año. El Gobierno Federal bloqueó 47 millones de reales (15 millones de dólares), que están afectando a todo el mundo”, aseguró el Director de operaciones, ingeniería y tecnología de la Radio Nacional Amazonia, José de Arimatéia Araujo.

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Esta emisora es una de las ocho administradas por la Estatal Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), creada en medio del régimen militar Ernesto Geisel en 1977. Fue fundada con el objetivo de transmitir información a la Amazonía y en la actualidad se mantiene en la incapacidad de seguir propagando información a sus 23 millones de oyentes en más de 600 municipios.

Por otro lado, la EBC cuenta con un Consejo Curador que es responsable de hacer cumplir con los objetivos comunicacionales y compuesto por 22 miembros elegidos por la sociedad civil en votación.

Este Consejo es esencial para la Empresa, ya que expone diversidad de opiniones, experiencias profesionales y predisposición a una linea política. Pese a su papel fundamental, Temer decidió eliminar el Consejo Curador a través de la Medida Provisorio (MP) donde le quita a la EBC su condición autónoma de ejecutar las leyes.

“Nosotros decimos que la extinción del consejo curador elimina el carácter público porque era este consejo el que hacía la discusión con la sociedad. Incluso era compuesto por varios representantes de diversos grupos sociales que hacían el debate, y daban la línea editorial para la comunicación de la EBC”, afirma la periodista María José Braga.

En definitiva la EBC es la única compañía que no es privada, ya que las otras empresas que existen pertenecen a un conglomerado mediático controlado por familias.  

Empresas privadas de comunicación

Pocas compañías controlan la estructura mediática de los medios de comunicación en Brasil, sin dejarle cabida a los medios populares. Existen empresas que se apoderaron de los medios de comunicación en Brasil, como Globo, SBT, Abril, Folha, Estado, RBS, Bandeirantes y Record.

Estas controlas las productoras de cine, los canales de televisión, periódicos, radio, editoriales, discográficas, agencias de noticias, revistas y portales de Internet. 

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Estas compañías controlan la producción y emisión de la comunicación en el país, mientras que los medios de comunicación públicos y comunitarios no consiguen su desarrollo para competir con las empresas de comunicación comercial.

En un artículo para la Revista Pueblos, Bráulio Santos Rabelo de Araújo dice que “en 2012 la media de audiencia de las emisoras públicas en Brasil osciló entre el 0,2 y el 0,95 por ciento en las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, y en el Distrito Federal[9], bastante inferior a la de Globo del 41,27…”.

También expresa que “el presupuesto de la empresa pública (la EBC) en 2012 fue de 466 millones de reales brasileños, equivalente tan solo al 2,4 por ciento de la inversión publicitaria obtenida por todo el sistema comercial brasileño o al 3,7 por ciento de lo que facturó la Red Globo en el mismo año”.

¿Qué pasa con las leyes de comunicación?

De acuerdo con Rabelo de Araújo, los canales de radiodifusión en Brasil tienen una “potencia conjunta de las 4.556 emisoras comunitarias autorizadas a funcionar en el país, equivale a 113.900w, cerca de un cuarto de la potencia de una única emisora comercial de la ciudad de São Paulo”.

Las leyes brasileñas que regulan la concentración de la propiedad de los medios de comunicación son escasas, y no han sido capaces de evitar que las empresas tomaran el control de la mayoría de los medios de comunicación. 

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Otras empresas también violan el reglamento jurídico por instalar varias antenas en municipios más grandes de lo que establecían los privilegios originales de la compañía, con la justificación de “que la alteración permite una mejora del servicio”.