Tribunal pide investigar a Uribe por masacres paramilitares
Un Tribunal de Medellín pidió a la Corte Suprema de Justicia que se investigue al expresidente colombiano Álvaro Uribe por su presunto conocimiento de dos masacres perpetradas por paramilitares en el departamento de Antioquia (noroeste) cuando era gobernador, informó este martes el diario El Tiempo.
La decisión la tomó la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia al ratificar una condena contra dos ganaderos como responsables del crimen en 1998 del defensor de derechos humanos Jesús María Valle por parte de sicarios de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Una sentencia indica que hay "suficientes elementos de juicio" que comprometen a varias personas, entre ellas a Uribe, ya que la reunión para concertar su asesinato tuvo lugar en una finca de la familia del expresidente y señala que hay un nexo entre ese crimen y las masacres de La Granja y el Aro.
Asimismo, asegura que los ganaderos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio cuya condena a 30 años de cárcel fue ratificada este martes, también fueron señalados como cerebros del homicidio del abogado Valle y de la masacre de El Aro, perpetrada en 1997 en el municipio de Ituango.
La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente fue perpetrada la de El Aro, con 15 víctimas mortales.
En 2015, la Fiscalía General pidió investigar a Uribe porque varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre.
La presencia del paramilitarismo en Colombia data de la década de los años 80 en el siglo XX. En esa época surgen como el resultado de una práctica política de las élites colombianas para afianzarse en el poder.
La guerra adelantada por el Estado contra los grupos subversivos fue canalizada a través de técnicas paramilitares que además de atacar a organizaciones como las FARC y el ELN, arremetió en contra de la población civil que pudiesen considerar como base social de la subversión, por lo cual los blancos de sus masacres y asesinatos selectivos han sido desde entonces líderes sociales, campesinos y la población rural en general.
La erradicación de la violencia en Colombia pasa necesariamente por la desarticulación de los grupos que el mismo Estado usó como herramientas en el combate contra la subversión, algo que se resaltó en los diálogos de paz realizados entre el Gobierno colombiano y las FARC en el 2016.