El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes 7 de julio, suspender el proceso de empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro, en un nuevo episodio de confrontación política que pone en tensión la institucionalidad del país a días de asumir el mandato.

«Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el Gobierno que termina su período», informó el mandatario electo en un mensaje publicado en X.

De la Espriella justificó su decisión en la supuesta protección de los intereses del país y garantizar una transición bajo condiciones que, según su criterio, deben ser transparentes y ajustadas al orden constitucional, aunque sin ofrecer pruebas concretas que sustenten sus acusaciones contra la Administración saliente. «Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional», señaló el presidente electo.

El anuncio introduce un nuevo punto de ruptura en la transición presidencial colombiana, que había comenzado formalmente con la instalación de mesas técnicas para la entrega de información sobre el estado de las entidades públicas. El equipo de la Administración entrante, encabezado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, había conformado una Comisión Nacional de Empalme y anunciado la creación de 22 mesas sectoriales para revisar la situación financiera, administrativa y contractual del Estado colombiano.

Desde el Gobierno saliente, Petro había asegurado que su Administración entregaría la información requerida conforme a la ley y planteó que las reuniones del empalme se desarrollaran con transparencia, incluso con la posibilidad de ser transmitidas públicamente. Sin embargo, la relación entre los dos equipos se deterioró por las denuncias del presidente electo sobre presuntos nombramientos de última hora, contratación acelerada y decisiones administrativas que, según su equipo, podrían comprometer la gestión del próximo Gobierno. Estas acusaciones no han sido respaldadas hasta el momento con evidencia documental pública.

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Uno de los recientes puntos de discusión fue el anuncio de un paquete de cooperación de 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, que De la Espriella presentó inicialmente como un apoyo al proceso de cambio.

Más tarde, el Gobierno de Petro precisó que no se trataba de una ayuda para la transición, sino de una operación de financiamiento destinada a los programas del nuevo Gobierno, lo que generó un nuevo conflicto político.

De la Espriella también hizo público la creación de un equipo de abogados con el objetivo de registrar y denunciar supuestas irregularidades encontradas durante el empalme, al que se refiere como una «revisión» de la administración Petro.

La tensión se intensificó después de que Petro repitiera acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales y afirmara que no reconoce la legitimidad del presidente electo, aunque el proceso de transición estaba en marcha.

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