La posibilidad de una nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista, formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España”, escrito por el exbanquero Manuel Puerto Ducet).

Dichos lobbys de presión estarían interconectados mediante "una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78" y de la "unidad indisoluble de España", y cuyo objetivo confeso sería convertir al Estado español en una democracia no liberal.

La Fundación FAES  (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) habría cocinado en su laboratorio la llamada "Operación Felón", con el objetivo confeso de impedir una nueva investidura de Pedro Sánchez y convocar nuevas elecciones en la creencia de que la nueva CEDA integrada por el Partido Popular (PP) y Vox lograrán una mayoría absoluta que implementaría posteriormente una democracia liberal.

Dicha trama estaría ya en marcha y contaría con la aquiescencia de todos los estamentos del establishment. Así, para calentar motores, la mass media del establishment habría iniciado una feroz cruzada mediática para movilizar a todos los estamentos sociales contra la hipotética ley de amnistía que estarían consensuando el PSOE y el líder independentista catalán Carles Puigdemont, trama que se verá complementada con la nueva ofensiva del lobby tardofranquista judicial y con la implementación de una Revolución de Colores.

El lobby judicial tardofranquista 

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (Consejo General del Poder Judicial o CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el "rodillo progresista" del Congreso; a su presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del "Clan de los indomables" como sus abnegados peones.

Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado "clan de los políticos", en palabras del expresidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y habría devenido "un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales se ha afanado en intentar paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez", y cuya misión actual sería hacer inviable su investidura. 

¿Puigdemont imputado por terrorismo?

La nueva estrella mediática del tardofranquismo judicial, el juez de la Audiencia Nacional,  García Castellón habría imputado a Puigdemont, a Marta Rovira y al llamado "Estado Mayor del procés" acusados de un presunto delito de terrorismo por su implicación en la puesta en marcha en 2019 de la plataforma "Tsunami Democràtic", responsable de organizar protestas masivas, desórdenes y atentados contra bienes públicos para protestar por las condenas del procés.

Sin embargo, García Castellón habría iniciado el sumario basándose tan solo en sospechas y presunciones, contando tan solo como prueba con un informe elaborado ex profeso por la Guardia Civil, aplicando en consecuencia la llamada "investigación prospectiva" (prohibida en España).

Susan W. Tiefenbrun en su tesis "Semiotic Definition of Lawfare", publicada en Case Wester Reserve University, indica que el término lawfare (en castellano, guerra judicial), habría surgido de la mezcla de las palabras Law (ley) y warfare (guerra), y sería una expresión cuyo uso se ha generalizado en los medios anglosajones en la primera década de este siglo. 
Con dicho término nos referimos al "abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad". Así, estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, crear indefensión y la "investigación prospectiva".

En la jurisprudencia española podemos citar el Auto de la Sal Penal del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2014 en el caso conocido como "chalet de Estepona del Presidente de la Comunidad de Madrid", en el que manifiesta rotundamente que "no puede pretenderse el inicio por este Tribunal de una investigación meramente prospectiva para tratar de averiguar si una persona o ente jurídico ha cometido en algún momento algún delito en relación a los hechos que se le imputan en ausencia de cualquier dato o elemento objetivo que apoye esta posibilidad".

Sin embargo, a pesar del recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el que sostiene que "no existe delito de terrorismo sino desórdenes públicos, por lo que la Audiencia Nacional no sería competente en este caso", el juez Castellón seguirá adelante con el proceso judicial y podría dilatarlo en el tiempo para dinamitar la posible investidura de Sánchez y forzar la convocatoria de nuevas elecciones.

¿Revolución de Colores contra Sánchez?

El último frente de acoso y derribo de la investidura de Pedro Sánchez sería la implementación de una "Revolución de Colores contra Sánchez". El pistoletazo de salida de dicha asonada popular correspondió al vocero de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el ínclito José María Aznar y tuvo lugar en la inauguración del máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, desde donde pontificó: "Todos los que puedan hablar, hablen, y todos los que puedan actuar, actúen".

Siguiendo sus órdenes, se suceden las concentraciones ante la sede del PSOE en Ferraz, que se extienden ya por toda la geografía hispana aunado con pintadas y amenazas en las sedes provinciales socialistas y el inicio de desórdenes públicos presuntamente organizados por la organización juvenil Revuelta, grupo creado "ad hoc" por los dirigentes de Vox para ser la punta de lanza del "acoso y derribo al militante socialista".

Dicha estrategia de "caza al socialista" irá presumiblemente in crescendo y asistiremos a escraches contra destacados dirigentes socialistas, así como a una presión extenuante a los parlamentarios socialistas, especialmente en las comunidades de Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía, con el objetivo confeso de conseguir que "cuatro socialistas buenos" cambien de opinión y voten en contra de la investidura de Pedro Sánchez, reeditando el Tamayazo de 2003, que permitió la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

En el supuesto de fracasar dicha trama y de que Sánchez logre ser investido y conformar nuevo Gobierno, corresponderá al Senado y a las Comunidades Autónomas del PP el turno de obstaculizar y dilatar en el tiempo las iniciativas legislativas del Congreso así como la declaración de insumisión de dichas Comunidades, negándose a aplicar dichas nuevas leyes, lo que significará de facto la consagración del "escenario teleónomico" en el panorama político español y que vendrá marcado por altas dosis de volatilidad e inestabilidad.