A partir del mismo momento del asesinato de seis personas y del secuestro y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala en el sureño estado de Guerrero, el gobierno federal se empeñó en meter en la conciencia social (de México y del mundo) la idea de que esos hechos eran un asunto de narcotraficantes.

El último gran esfuerzo en ese sentido lo hizo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en su vergonzosa y fallida conferencia de prensa del viernes 7 de noviembre pasado, en la que pretendió convencer a la opinión pública de que los 43 secuestrados y desaparecidos fueron asesinados por tres matarifes pertenecientes al cártel Guerreros Unidos.

Pero esa noche el procurador reconoció explícita y categóricamente que el gobierno federal y la dependencia a su cargo no han encontrado ni poseen evidencia alguna de esos supuestos asesinatos, salvo la confesión grabada en video, en las instalaciones de la propia Procuraduría, de los tres supuestos asesinos. Y, como bien se sabe, la confesión (libre o forzada) no es prueba suficiente. Y menos si tales confesiones no aportan más datos sobre los hechos.

El desvanecimiento de la teoría de la conexión entre los crímenes de Iguala y el narcotráfico deja en pie la única otra teoría sobre el caso, es decir, que se trató de una crimen de Estado. O, dicho con otro adjetivo, de un crimen oficial, de un crimen perpetrado por órdenes y agentes gubernamentales. Esta es, en consecuencia, la única línea de investigación posible. O, visto a la inversa, esta es la única línea posible de encubrimiento.

Porque si se trató de un crimen de Estado, la misión del procurador es ocultar la participación del Estado en el crimen. Y debe entonces procurar no la justicia y el conocimiento de la verdad, sino sus contrarios: la impunidad y la mentira. Esa sin duda fue la misión asignada a Murillo Karam. Y la que él se asignó a sí mismo con tan malos resultados.

Por todo ello no cabe esperar que el procurador diga a la sociedad la verdad que sin duda él conoce y que trata de ocultar. Y como parte de esa verdad consiste en establecer el paradero de los muchachos secuestrados por la policía de Iguala y luego desaparecidos, no cabe esperar que la propia autoridad que los tiene retenidos o ya les ha dado muerte establezca ese desconocido paradero.

Y como esa desaparición forzada fue el detonante de la actual crisis social y política que azota al país, lo esperable es que la crisis continúe y se agudice en lo futuro.

Desde luego, y como enseña la experiencia, la crisis tendrá altas y bajas, momentos de auge y momentos de caída. Pero indudablemente la crisis persistirá. Y si en algún momento se logra liberar a los 43 muchachos o se consigue saber cuál fue su destino final, todo hace prever que la crisis de gobernabilidad no amainará y menos desaparecerá, pues haría falta establecer participaciones y responsabilidades directas e indirectas en los hechos. Y eso estaría por verse.

Así, todo indica que el gobierno federal se enfrenta a un nudo gordiano. Un nudo imposible de desatar. O sólo desatable con un poderoso golpe de espada, como hizo Alejandro el Magno con su propio nudo gordiano. La imagen lleva a pensar en un vuelco en las condiciones de vida de México. Digamos un cambio de régimen. La extinción del viejo régimen nacido de la revolución de 1910-1917 y su reemplazo por uno nuevo cuyos tiempos y rasgos no se alcanzan todavía a vislumbrar.