La declaración de persona non grato al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, por parte del presidente guatemalteco Jimmy Morales, desencadenó toda una crisis política en el país centroamericano.

El propio Morales pudo haber sido investigado por supuesta financiación ilegal durante su campaña electoral, sin embargo, el Congreso de Guatemala rechazó quitarle la inmunidad mediante una votación que necesitaba 105 apoyos y solo alcanzó 25 de los 129 posibles.

El pedido de antejuicio a Morales fue presentado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y por el Cicig, que buscaban investigarlo.

La solicitud fue enviada en primer lugar a la Corte Suprema de Justicia, que decidió darle trámite, pero la palabra final la tenía el Congreso.

 

Morales celebró la decisión del Congreso de no retirarle su inmunidad para que pudiera ser investigado por presunta financiación ilegal, y pidió unión a todos los sectores del país para evitar la confrontación.

>> Presidente Morales elogia decisión del Congreso guatemalteco y pide unidad

El mandatario destacó que "es una muestra de unidad y de responsabilidad para con el pueblo de Guatemala" y reafirmó su "respeto al Estado de Derecho, al ordenamiento jurídico y a la independencia de poderes".

Morales está acusado de presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de 2015, cuando era secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), con el que ganó las elecciones.

Morales vs. Velásquez

La Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, frenó la decisión sobre Velásquez por considerarla "ilegal".

>> Tribunal guatemalteco suspende expulsión del jefe de la Cicig

Luego de la declaración de Morales sobre Velásquez, el mandatario "removió" de su cargo al canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales y juramentó a Sandra Jovel, quien posee cargos con la Justicia de Guatemala, como la nueva ministra de Relaciones Exteriores.

Atrás quedaron los días en los que Jimmy Morales, todavía candidato electo, prometía todo su apoyo al MP y a la Cigig.

Sin embargo, la relación entre ambas partes sufrió un notable deterioro. Todo inició con las acusaciones hacia uno de los más fuertes apoyos del mandatario, Edgar Justino Ovalle, militar retirado y uno de los creadores del FCN-Nación.

Discurso durante campaña electoral

En septiembre de 2015, una vez que había pasado a la segunda vuelta electoral, Morales sostuvo que "Iván Velásquez debe seguir", así como también que "Thelma Aldana tiene que seguir".

En este sentido, afirmó que, de ganar la Presidencia, promovería la permanencia de la Cicig por seis años más, y que mantendría a Thelma Aldana al frente del MP.

Previamente a las elecciones presidenciales Morales se comprometió con el MP para mejorarles el presupuesto para que las investigaciones avanzaran.

En la Presidencia

Una vez electo, en enero de 2016, el MP le solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que retirara el derecho de antejuicio a Ovalle, por haber participado en acciones de desaparición forzada.

Pese a ello, en abril, Morales viajó a la ONU para pedir que se ampliara el mandato de la Cicig hasta el 2019, debido a "su excelente desempeño en conjunto con las instituciones de justicia guatemaltecas donde se han logrado importantes avances en la lucha contra la corrupción".

>> Impunidad en Guatemala supera el 97 por ciento

En diciembre de 2016, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció al partido gubernamental FCN por ocultar información de sus financistas de campaña. Uno de los señalados fue Ovalle, con una segunda acusación en su contra.

En enero de 2017, la presentación del caso "Botín Registro Propiedad", destinada a perseguir los faltantes de fondos provocados al Estado, reveló que tanto el hijo del mandatario José Manuel Morales, como su hermano Samuel Morales, estaban involucrados.

Distanciamiento entre ambas partes

Para marzo de 2017, aparecieron los primeros indicios de distanciamiento. Sobre la campaña de desprestigio contra la Cicig, Morales señaló: "si ni a mi hijo defendí, por qué tengo que defender a otras personas".

De esta manera, comenzaron a aparecer los primeros rumores sobre una posible destitución del directivo de la comisión. Morales negó que fuera hacer esta petición, pero sí aseguró que como Presidente, poseía la potestad.

"Lo hemos apoyado y lo podemos demostrar con hechos. El año pasado fuimos a renovar la continuidad de Cicig. Se vencería ahorita en septiembre pero desde el año pasado lo renovamos para que esté dos años más”, afirmó el mandatario guatemalteco.

Para el mes de julio, José Manuel y Samuel Morales, hijo y hermano del Presidente, fueron enviados a juicio por los delitos de fraude y lavado de dinero.

>> Justicia de Guatemala acusa a hermano del presidente de lavado

Todas estas acciones crearon una fricción entre ambas partes. Sin embargo, varios sectores de la sociedad civil, entre ellos Justicia Ya y Alianza por la Reforma, que aglutinan 40 organizaciones sociales apoyan a la comisión y a su directiva, al tiempo que rechazan la postura gubernamental así como una posible destitución de Velásquez.