¿Cómo se reconfigura el Plan Cóndor en América Latina?
Este 25 de noviembre se cumplen 41 años desde las dictaduras de los países del Cono Sur se unieron para torturar, asesinar, detener y reprimir a los opositores en lucha contra el fascismo. En la actualidad existe una reedición del Plan dirigido contra gobiernos progresistas.
Plan Cóndor
El denominado Plan Cóndor fue una coordinación represiva o conspiración entre los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia) en coordinación con Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por si sigla en inglés)
Fue creado un 25 de noviembre de 1975 durante una reunión entre el jefe de la dirección de inteligencia chilena, y líderes de la inteligencia militar argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Más de 40 años después, el guión se repite, esta vez sin la misma violencia, pero con las mismas pretensiones: erradicar la izquierda y sus ideas en la región, tal y como lo han afirmado importantes figuras que representan Gobiernos latinoamericanos.
La reedición del Plan Cóndor busca la coordinación de los dirigentes de derecha en América Latina para aislar del contexto regional a las naciones con gobiernos progresistas.
El nuevo Plan Cóndor busca el revanchismo político de la derecha al destruir y desprestigiar los avances sociales alcanzados por los gobiernos de corte socialista. Esto se evidencia con la llegada en diciembre de 2015 del Gobierno neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, cuyas primeras medidas fueron despidos masivos, censura de medios de comunicación, privatizaciones y ataques contra países que no comulgan con sus políticas, como Venezuela.
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La estrategia injerencista e intervencionista de EE.UU. en Latinoamérica, en las décadas de 1970 y 1980, se basaba en los golpes militares para derrocar gobiernos y conformar regímenes y dictaduras pro estadounidenses; un ejemplo de estas acciones fueron los derrocamientos de los gobiernos de Salvador Allende en Chile (1973); Isabel Perón en Argentina (1973); el golpe de Juan María Bordaberry en Uruguay (1973).
En julio del año pasado, en la cumbre del bloque político y económico del Mercosur expresó la preocupación por la intensificación de la actividad de inteligencia de EE.UU. en América Latina, dirigida a organizar el derrocamiento de los presidentes democráticamente elegidos de la región.
Elementos de Intervención de orden interno
La serie de juicios contra importantes liderazgos progresistas, la creciente amenaza de grupos paramilitares, la criminalización de los movimientos de avanzada y los golpes a la economía de los países de conciencia popular, son parte de la reconfiguración del Plan Cóndor en América Latina, a juicio del analista y periodista, Miguel Jaimes.
Entre los elementos del Plan Cóndor que intervienen el orden interno de los países, Jaimes citó en entrevista exclusiva para el sitio web de teleSUR:
-El constante ataque a la economía y los aparatos productivos de los países suramericanos y progresistas: Las maniobras para la baja de los precios del petróleo, el desabastecimiento en Venezuela, así como el sabotaje en el precio del dólar paralelo y otros relacionados con los indicadores económicos, forman parte del Plan Cóndor. Estos persiguen crear desesperación en la población y, además, afectar el financiamiento de los programas sociales.
-Muerte de líderes de base media y baja de los partidos socialistas y populares: Refiere como ejemplos de persecución de liderazgos populares el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres (Honduras) y del joven diputado Robert Serra (Venezuela). Estas acciones tienen como objetivo, principalmente, restarle los liderazgos influyentes a los partidos sólidos y desmoralizar a sus militantes.
-Empleo de campañas mediáticas para criminalizar a los mandatarios y hundirlos políticamente: Además de buscar que sean procesados y desterrados del ámbito político, se cree que los medios de comunicación buscan influir en la población atemorizándola, manipulándola y deslegitimando los poderes. Ejemplo de ello, es que un expresidente como Álvaro Uribe (Colombia) "aparezca constantemente en los medios con sus opiniones sobre intervención militar sobre una nación soberana, llamando a las fuerzas armadas a hacerlo, ¿Quién es él para hacerlo? y ¿Por qué los medios han dado tanto despliegue a eso?".
-Violencia y narcotráfico: Un mal que crece a lo largo de todo el continente y que se adueña de las poblaciones incluso más humildes con el objetivo de crear puertos libres para el tráfico de drogas entre el Sur y el Norte. Es una forma de terrorismo que incluso en Venezuela se ha desarrollado con la injerencia de bandas criminales que operan desde Colombia y que, según el analista, no solo busca generar temor e instaurar un mercado, sino además alcanzar el poder.
-Criminalización de los movimientos de izquierda, corrupción y ataques al ambiente: Se busca con apoyo de los medios de comunicación culpar únicamente de la corrupción a los movimientos y partidos de izquierda, pese a que muchos de ellos son los que han iniciado la lucha por el esclarecimiento de estos casos. Se busca establecer una asociación entre los delitos y los líderes de izquierda. Asimismo, refirió que los ataques al ambiente para la explotación de recursos son en parte realizados por el brazo ejecutor y capitalista de los EE.UU.
-ONG y la manipulación de jóvenes: Organizaciones como Súmate, liderada por la exdiputada de derecha María Corina Machado y directamente vinculada con el golpe de 2002, son las encargadas de generar movimientos en las calles con jóvenes utilizados para propiciar acciones violentas. Según documentos filtrados, la USAID y la NED invirtieron más de 100 millones de dólares entre 2002 y 2012 en auspiciar a grupos de oposición y crear al menos 300 nuevas ONG en Venezuela.
Golpe Parlamentario
El nuevo Plan Cóndor se basa en los golpes suaves y parlamentarios, según han denunciado públicamente presidentes como el venezolano, Nicolás Maduro, y Rafael Correa de Ecuador.
El parlamentario consiste en que las bases para su ejecución se encuentran dentro del mismo ordenamiento jurídico del país: moción de censura, investigaciones de tipo judicial (juicio político), declaración de "incapacidad para gobernar" para forzar una renuncia, entre otros.
Los medios de comunicación privados y las élites político-económicas cumplen un rol importante en la ejecución de estas nuevas acciones, al manipular la información y las leyes para desestabilizar al país.
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La estrategia golpista parlamentaria disminuye el costo político de los actores involucrados y permite cambiar el rumbo de un país y su política exterior sin necesidad de "derramar sangre", apelando y excusándose en el "respeto de la ley" y a la "democracia".
El golpe parlamentario se ha convertido en la operación política de intervención extranjera más rentable para alterar la correlación de fuerzas, eliminar los liderazgos políticos importantes y cambiar radicalmente los esquemas de poder internacional y bloques de influencia regional.
El ejemplo más reciente del golpe parlamentario es Brasil, cuya presidenta Dilma Rousseff fue apartada del cargo por 180 días para enfrentar un juicio político supuestamente por maquillar las cuentas fiscales de 2014 y retrasar los pagos al Banco Central, pese a que la derecha no presentó pruebas de esos crímenes.
Honduras 2009
El golpe contra el presidente Manuel Zelaya contó con la participación de las fuerzas armadas, sin embargo el Parlamento hondureño participó en el derrocamiento del mandatario, la cabeza del Congreso, Roberto Micheletti, inició una investigación contra Zelaya por supuestas "violaciones al Estado de Derecho".
Los parlamentarios hondureños recurrieron al levantamiento de expediente político express donde supuestamente Zelaya estaba "violentando" el Estado de Derecho. El Parlamento se basó en la Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito para llevar a la destitución del mandatario legalmente electo. Al consumarse el golpe parlamentario y militar, Manuel Zelaya fue sacado del país.
Posteriormente, se instauró en Honduras un gobierno transitorio sostenido por una Junta Militar hasta que expirara el término constitucional del presidente depuesto, para dar paso a unas nuevas elecciones. Sin la participación del expresidente Zelaya.
Paraguay 2012
Desde la llegada al poder de Fernando Lugo en el 2008, la oligarquía paraguaya intentó torpedear las iniciativas sociales incluidas en el programa de gobierno que le llevó a la presidencia. En Paraguay se empleó como recurso central para llevar a la destitución de Lugo la “Masacre de Curuguaty”.
El objeto de la acusación no era otro que justificar las acciones coordinadas de asedio y presión mediática por parte de la "comunidad internacional" ligada a los intereses de Estados Unidos. Antes del juicio político en el Parlamento el Partido Colorado lo había tratado de destituir unas 23 veces.
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Los acusadores de Fernando Lugo aplicaron el artículo 225 de la Constitución que permite a la Cámara de Diputados establecer la base legal para enjuiciar a un presidente u otro funcionario de Gobierno si se comprueba que no estén desempeñando las funciones de su cargo. Dado este paso, le corresponde entonces al Senado llevar a cabo el juicio y dictar la sentencia.
Fernando Lugo fue destituido en tan solo dos horas, los legisladores paraguayos lo acusaron por "mal desempeño de funciones" con respecto a los hechos de Curuguaty. Todas las "pruebas" para estimular la destitución fueron forjadas por los jueces paraguayos. El Senado lo destituyó y fue designando en su lugar al vicepresidente del país, Federico Franco.
Brasil 2016
El golpe parlamentario contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue una coordinación entre la clase política, sectores empresariales y los medios de comunicación, a pesar de la movilización popular a favor de la mandataria y la denuncia de injerencia externa, la presidenta fue separada de su cargo y asumió el gobierno el vicepresidente Michel Temer.
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El juicio político contra Dilma fue impulsado por el anterior presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo Cuhna, quien acusó a la Jefa de Estado de manipular los balances económicos y de redistribuir el dinero del presupuesto hacia otros planes sociales. Señaló que Dilma Rousseff era responsable del “delito de responsabilidad” causa suficiente para iniciar el pedido de juicio político.
El 17 de abril en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la votación sobre el proceso de juicio a Rousseff. Pese a la carencia de pruebas contra la presidenta, 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria y dieron lugar al trámite, que fue trasladado al Senado.
Tras analizar el documento sobre el procedimiento jurídico contra la presidenta, el 12 de mayo el Senado Federal de Brasil concretó su intención de someter a Dilma a un juicio político, lo que conlleva a su destitución sin haber una causa real en su contra, debido a supuestas faltas administrativas con argumentaciones políticas y no legales.
Durante el proceso en su contra, Dilma Rousseff denunció la injerencia externa y calificó el juicio político de golpe a la democracia.
El 31 de agosto, el Senado de Brasil aprobó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, 61 senadores votaron a favor de la destitución.
Venezuela, el ataque continuado
Desde 2002 se registran los primeros ataques contundentes contra la Revolución Bolivariana. Sólo en 2002 un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, que dejó 19 muertos, y un paro petrolero desestabilizaron política, social y económicamente al país.
Venezuela presentó una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con documentos que muestran la intervención de Estados Unidos en el golpe de 2002. Entre otras pruebas, el Gobierno nacional señaló que funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. hicieron un intenso lobby político para justificar el golpe en Caracas.
Además, mediante la denuncia Venezuela destacó la reunión entre el embajador estadounidense Charles Chapiro al golpista Pedro Carmona Estanga, en días cercanos a la deposición del presidente Chávez.
En 2014 otros 43 venezolanos murieron producto de la violencia opositora. Las imágenes de las "guarimbas" le dieron la vuelta al mundo en el marco de una guerra mediática que sugería la violación de los derechos humanos por parte del Gobierno venezolano.
Fotos de la llamada "primavera árabe", también promovida por Occidente, fueron difundidas y atribuidas a supuestas agresiones de funcionarios policiales venezolanos contra el pueblo.
Tras ello, una campaña de "solidaridad" de la derecha internacional hacia Venezuela, pese a que ha sido la misma oposición que promueve la impunidad con el impulso de la ley de Amnistía. El estatuto dejaría en libertad a Leopoldo López, exalcalde opositor que hizo llamados irresponsables a la violencia, que además de las 43 muertes dejó cientos de heridos.
El triunfo circunstancial de la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 apaisó el terreno para acentuar los ataques contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Desde el Parlamento, la derecha ha intentado sabotear la agenda social y económica del Gobierno con un velo de legalidad, mediante impulsan leyes como la de Amnistía y la ley de Propiedad de Misión Vivienda, que pretende privatizar las más de 1.2 millones de nuevas casas construidas por el plan gubernamental para el pueblo venezolano.
Otras de las recientes agresiones de la derecha hacia Venezuela como el desabastecimiento, el acaparamiento y la guerra económica, son parte del Plan Cóndor para dominar al país que instauró la Revolución Bolivariana e impulsó la integración del Sur.
Los anaqueles venezolanos registran una intermitencia en cuanto a los productos de primera necesidad. Aparecen por un tiempo, pero dejan de verse por otro período. Esto ocurre principalmente con la leche, azúcar, harina de maíz y de trigo y los productos de aseo personal. Pero se produce un curioso fenómeno: por un tiempo desaparece la leche, pero se encuentran todos los productos que se fabrican con leche.
El sector privado representa más de 70 por ciento del aparato productivo nacional. Mediante conglomerados como Conindustria, Fedecámaras y Venamcham, históricamente el sector privado ha criticado las políticas sociales del Gobierno de la Revolución Bolivariana.