Estas son las contradicciones de la Ley General de Aguas en México
El Gobierno mexicano está discutiendo la aprobación de una ley para garantizar el derecho al agua como un reglamento constitucional, pero el estatuto mantiene una contradicción de acuerdo a los basamentos legales que están expuestos en la Carta Magna llevándola a una privatización.
El pasado 8 de febrero de 2012 el Congreso de México modificó la Constitución de la República para consagrar el acceso al agua como un derecho humano, de se derivó la creación de la Ley General de Aguas que dentro de sus normativas maneja un doble discurso en el que cumple y a su vez violenta la carta magna.
La ley es creada para darle cumplimiento al Arrt. 4 de la Constitución mexicana que establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” .
Los diputados que hicieron la propuesta del estatuto (Partido Revolucionario Institucional -PRI- y el Partido de Acción Nacional-PAN-) aseguran que el agua no se privatizará debido a que no toca la Ley General de Bienes Nacionales ni el artículo 27 constitucional.
Sin embargo, esta norma reza lo siguiente: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
Es así como actualmente el tema del agua se une a las diversas controversias por las que atraviesa México y que no pudo ser discutida luego de tres años de la modificación constitucional a consecuencia de factores que acontecieron en el país como la reforma energética el caso Tlatlaya y recientemente Ayotzinapa.
En referencia al tema, la diputada por el PRD, Socorro Ceseñas, en entrevista exclusiva vía telefónica para teleSUR, recalcó que la ley sí contempla la privatización debido a que en el Art. 81 del referido estatuto se habla de la participación social y el sector privado, es decir, “todo lo que tienen que ver con tratamiento, suministro, facturación, medición, todos esos servicios están en un sector privado y eso es privatizar y esto generará costos a los mexicanos para poder adquirir el suministro”.
“Veo con preocupación como en otros países de América Latina, los servicios se están estatizando, mientras que en México todo se está privatizando”, resaltó la diputada quien agregó que la Ley General de Aguas simplemente forma parte del paquete de privatizaciones de Peña Nieto, “es la culminación de la entrega de este país, se hizo la reforma energética y se abrió a la iniciativa privada”.
Ceseñas mencionó que para que toda propuesta pueda llegar a un buen fin, se debe acabar con la corrupción y la impunidad y esto no ocurre en México. “Yo admiro al Gobierno de Venezuela porque primero ve el bien común de su pueblo”.
Diputados piden participación ciudadana en discusión de ley
La parlamentaria Ceseñas mencionó que su partido (PRD) y el movimiento Morena están solicitando el debate público, con especialistas, usuarios, que sea transmitido y que se tome en cuenta la iniciativa ciudadana.
Es así como el Gobierno mexicano viola la Constitución, debido a que en el Art. 4 también se contempla que “El Estado garantizará el derecho al agua y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
¿Discusión de Ley se detiene por el venidero proceso electoral?
El 7 de junio habrá elecciones Federales para elegir a los 500 diputados al Congreso de la Unión y la discusión de la Ley General de Aguas se ha detenido alegando diversos puntos, pero al parecer el principal de ellos es el proceso electoral.
La diputada Ceseñas aseguró que ese es la razón por la cual se detuvo la discusión del estatuto “la detienen por un calculo electoral, para no pagar un costo político de que son ellos los que están sacando una ley que atenta el derecho humano”
La parlamentaria indicó que la ley debe crearse, pero “necesita muchas modificaciones porque no se están midiendo los impactos ambientales, se debe modificar el costo que pagaría el usuario y muchos otros puntos que no benefician al pueblo”
“Los priístas mas que pensar en garantizar el uso de agua, lo que quieren es prever que haya el suministro suficiente para que los inversionistas que vengan o los que ya están en el país, puedan explorar pozos para aplicar el método de facturación hidráulica a fin de extraer el gas lupita que utiliza millones de litros de agua”, puntualizó la diputada por el PRD.
Organizaciones rechazan la Ley General de Aguas
Al menos 40 organizaciones del Estado se han pronunciado en contra de esta ley que aún es discutida por parlamentarios. Las instituciones se pronunciaron contra la medida alegando que el estatuto no sólo pretende privatizar el agua si no despojar del agua a los pueblos más marginados y abrir paso a las concesiones mineras.
La representante del colectivo de Educación para la Paz y Derechos Humanos del Movimiento Chiapanecos en Defensa del Agua, Alma Rosa Rojas, opina que la ley es “violatoria del derecho humano al agua, privilegia la privatización del líquido e infraestructura del país, tiene nulo enfoque de sustentabilidad y sobreexplotación del recurso priorizando la industria minería”.
“Nos indigna que aprueben una ley que promueve abiertamente la privatización del agua en México, lo que causará daños sociales, ambientales ecológicos y económicos”, afirmó otro de los integrantes de de Chiapanecos en Defensa del Agua, Henry Ruiz, “iniciativa carece de un consenso ciudadano que tomó el Gobierno federal y los legisladores”.
Por otro lado, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y las organizaciones campesinas y sociales mantienen la misma opinión por lo que ya han salido a las calles a manifestar su descontento en contra del reglamento. La Convención Nacional Indígena manifestó que la aprobación de este estatuto “es un acto irracional, sería la gota que derramará el vaso, pues es un recurso fundamental para la vida y la producción agropecuaria".
El dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, instó a las agrupaciones sociales y campesinas y a la población mexicana para que se pronuncie en contra del ordenamiento jurídico.
Otros organismos en contra son la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda), la Coordinadora Nacional Agua para Todos, el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental y el Centro de Análisis e Investigación para la Capacitación, Difusión y Acción en torno a la Democracia en México (Fundar), vislumbra un panorama desalentador para los próximos años y décadas en caso de aprobarse la ley que a juicio de ellos no reconocería el derecho humano al agua.
El dato
Defensores de la ley
El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados, diputado por el PRI, Kamel Athié Flores, niega que la Ley General de Aguas incluya algún término para su privatización.
Resaltó que "la participación de la iniciativa privada en algunos proyectos y obras para abastecer de agua se permite desde hace muchos años en las leyes mexicanas y no es exclusiva de la nueva Ley General de Aguas”.
Al mismo tiempo explicó que la ley lo que hace es garantizar el acceso al agua como un derecho humano, dando una dotación mínima por habitante “y, aclaro, de los nueve millones de personas que no tienen agua, los actuales usuarios, que son 111 millones de mexicanos, se les da certeza de que no les vaya a faltar agua en los próximos años", dijo.
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