El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, nombró como nuevo ministro de Gobernación a Marco Antonio Villeda, un juez con 30 años de experiencia en el sistema judicial del país, luego de la fuga de reos y la crisis política que provocó la destitución del anterior ministro.

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El mandatario aseveró que el designado cuenta con una amplia trayectoria y es reconocido por su compromiso con la integridad, la justicia y la lucha contra la corrupción, atributos que el Ejecutivo consideró fundamentales para el fortalecimiento institucional.

El nombramiento ocurre tras las renuncias del extitular Francisco Jiménez, la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y el viceministro de Seguridad, José Portillo. Este último acudió al Ministerio Público (MP) para presentar cinco denuncias formales por presuntos actos de corrupción de alto nivel dentro del Ministerio de Gobernación, incluyendo extorsión a reclusos («talacha»), cobros irregulares en el Departamento de Tránsito y el tráfico de migrantes.

Estamos emprendiendo una transformación profunda en el aparato de seguridad. Confío plenamente en que el nuevo equipo del Mingob responderá a esta tarea de brindar seguridad y justicia al pueblo de Guatemala. https://t.co/qytJSjZQWK

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 17, 2025

La crisis llevó al presidente Arévalo a prometer una «transformación profunda» del sistema penitenciario y de seguridad, que incluirá la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad con apoyo técnico y logístico del FBI de Estados Unidos, y un censo de la población penitenciaria.

Villeda acordó la designación de Estuardo Roberto Solórzano como viceministro de Seguridad y de Víctor Cruz a cargo de Antinarcóticos.

Históricamente, se documentan lujos indebidos para reclusos, como apartamentos de dos niveles con servicios privados, descubiertos incluso en 2024 en la cárcel de Pavoncito, controlada por líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Pese a intentos de reforma y demoliciones en penales como «El Infiernito», la corrupción se mantiene, facilitando el ingreso de dinero, aparatos electrónicos, amotinamientos y fugas, lo que evidencia que el control de las prisiones sigue, en gran medida, en manos de los criminales.

Esta situación golpea directamente la agenda anticorrupción del presidente Bernardo Arévalo, debilitando su discurso reformista ante una acumulación de escándalos dentro del Ministerio de Gobernación (Mingob).

La crisis alcanzó un punto crítico tanto que sectores empresariales, sociales y de oposición exigieron la renuncia del ministro saliente y denuncian una crisis de gobernabilidad en materia de seguridad.

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