Familiares de migrantes venezolanos, detenidos desde hace 100 días en El Salvador, denunciaron este martes 24 de junio, ante la Secretaría del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, las violaciones a estas garantías individuales que estos migrantes enfrentan.

«Fuimos recibidos y oídos de manera individual y colectiva, expusimos nuestros casos, 252 familias quebrantadas, nuestros familiares fueron violentados y llevados a una cárcel de CECOT de manera arbitraria, no hubo una notificación alguna y bajo engaño sin un debido proceso«, declaró Mairelys Cacique, quien pertenece al comité de familiares de migrantes venezolanos detenidos en el país centroamericano.

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Cacique, en su rol de madre, solicitó al organismo de la ONU que realice una visita a la prisión salvadoreña para verificar la salud física y mental de sus parientes. Sin embargo, se les informó que era necesario un listado oficial de los detenidos, el cual, según Cacique, aún no ha sido proporcionado por las autoridades salvadoreñas. En este sentido, hizo un llamado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que facilite esta información.

La abogada del comité, Yoemili Velasco, explicó que la denuncia fue entregada en formato físico, ya que enviaron la carta el pasado 15 de mayo y no han recibido respuesta. De acuerdo con Velasco, la ONU recibió la documentación este martes y está pendiente de revisión y de cualquier información adicional que se requiera para proceder con las investigaciones.

Adicionalmente, los familiares se reunieron con Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, para exponer casos de madres venezolanas deportadas desde Estados Unidos sin sus hijos. Yosleidi Chacón, otra integrante del comité, describió la situación como «desesperante», donde el Gobierno de Estados Unidos retiene a los niños, impidiendo que sus madres viajen con ellos a Venezuela.

El pasado 13 de mayo la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su inquietud por la situación de estos migrantes venezolanos. La ONU ha señalado que el destino y las circunstancias de estos migrantes permanecen desconocidos, generando preocupación por su bienestar.

Por su parte, el Ministerio Público de Venezuela rechazó la postura de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador por evadir su responsabilidad constitucional ante la solicitud de Caracas de intervenir en el caso de los 252 migrantes.

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Los migrantes fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador tras un acuerdo entre la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Gobierno de Nayib Bukele.

En marzo, Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a cientos de venezolanos mayores de 14 años, bajo la alegación de pertenecer al extinto Tren de Aragua o de carecer de pasaporte estadounidense o permiso de residencia. No obstante, Caracas sostiene que se trata de migrantes comunes y ha calificado la medida como un secuestro.

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