El exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, confirmó oficialmente su encarcelamiento en su propiedad de Antioquia (noroeste), donde deberá cumplir 12 años de prisión tras haber sido encontrado culpable por los delitos de coacción a testigos y fraude procesal, el pasado 1 de agosto.

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«Esta tarde (6 de agosto) comparecí al juzgado de Rionegro (Antioquia). Me habían citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes (1 de agosto)«, comunicó el expresidente (2002-2010) en su cuenta oficial de la red social X, donde agregó que continuará haciendo política de cara al proceso electoral del año próximo.

El fiscal había solicitado que se le liberara mientras presentaba la apelación en otro tribunal, pero la petición fue rechazada.

Según la sentencia, Uribe quedó incapacitado para ocupar puestos públicos durante 100 meses y 20 días (un periodo que supera los ocho años) y se le impondrá una sanción de 861.000 dólares.

El caso contra el exmandatario tiene sus raíces en 2012, cuando Iván Cepeda, senador del partido político progresista Pacto Histórico, reveló declaraciones de exparamilitares que, supuestamente, se relacionaban a Uribe con agrupaciones armadas ilegales.

Uribe optó por presentar una denuncia contra Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó la denuncia y comenzó una investigación contra el expresidente por haber influido en los testigos esenciales.

La imputación se basó en un considerable conjunto de evidencias: más de 1.500 páginas de documentos y más de 27.000 horas de grabaciones de teléfonos, donde se podrían apreciar interacciones entre los emisarios del exmandatario y los testigos en prisión.

Según la justicia, estos intentos pretendían modificar el rumbo de un proceso legal, lo que estableció los delitos por los que fue sentenciado.

Pese a que el procedimiento se topó con varios impedimentos —incluyendo tres intentos de la Fiscalía para clausurarlo sin juicio—, los magistrados rechazaron tales peticiones y dejaron que el caso progresara.

Uribe, de 73 años, asumió la presidencia en 2002 prometiendo ejercer una acción enérgica contra las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos armados.

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