El Gobierno de Donald Trump publicó esta semana nuevas reglas migratorias que restringen el tiempo de estadía legal de estudiantes y periodistas extranjeros, y endurecen los requisitos para obtener la residencia permanente bajo el criterio de «carga pública», en línea con su promesa de reducir la inmigración en Estados Unidos (EE.UU.).

La Casa Blanca publicará en el Registro Federal dos normativas que se gestaban desde 2025, con las cuales el Ejecutivo busca reducir las oportunidades de los extranjeros para permanecer legalmente en el país.

El próximo 18 de septiembre entra en vigor una norma que otorga a los funcionarios migratorios la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden convertirse en «una carga pública» al obtener beneficios sociales como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).

Desde su primer mandato (2017-2021), Trump vetó a inmigrantes que hubieran solicitado asistencia para alimentación, vivienda o cuidado de la salud, lo que dejó a miles de indocumentados sin posibilidad de optar por la green card. La nueva regla también se aplica a extranjeros que buscan la visa de inmigrante y no demuestren solvencia económica para residir sin depender de beneficios públicos.

A esto se suma una medida previa que deniega visas de inmigrante a personas con enfermedades crónicas como cáncer y obesidad, bajo la premisa de que podrían depender posteriormente de la salud pública. Además, desde mayo pasado, los indocumentados que buscan un ajuste de estatus deben hacerlo mediante trámite consular en las embajadas de sus países de origen, lo que los obliga a salir de Estados Unidos y enfrentar posibles contratiempos.

Visas F, J e I

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una regla que afecta las visas F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes de medios extranjeros). Los titulares de visas F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión. Los periodistas con visa I quedarán limitados a un máximo de 240 días, con posibilidad de prórrogas. Quienes posean pasaporte de China enfrentarán un límite de apenas 90 días.

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Aunque el Gobierno ofrece la posibilidad de solicitar extensiones, los extranjeros deberán hacerlo con mucha mayor frecuencia, lo que incrementa la incertidumbre y la exposición a controles migratorios.

La Administración republicana argumentó que los cambios buscan reducir la población indocumentada. El DHS señaló que muchos antiguos estudiantes de intercambio lograron permanecer de manera irregular tras la expiración de sus visas gracias a la laxitud del sistema actual, un argumento similar al esgrimido contra los estudiantes universitarios extranjeros.

Defensores de inmigrantes advirtieron que las medidas aumentan la posibilidad de discriminar a los solicitantes, especialmente a aquellos de bajos recursos.

En todos los procesos, el Ejecutivo instruyó a los funcionarios migratorios a considerar todos los factores caso por caso al determinar si un extranjero merece el alivio migratorio o la visa.

Con esta batería de normas, Trump acelera su agenda de control migratorio en un año electoral, apuntando tanto a la inmigración indocumentada como a la legal, y generando un clima de mayor hostilidad para millones de extranjeros que residen o aspiran a residir en Estados Unidos.

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