La situación fue expuesta el pasado 12 de diciembre durante una conferencia en Bogotá, capital de Colombia. 

 Un informe presentado por funcionarios de la Procuraduría revela que la minería ilegal se lleva a cabo en casi todo el territorio colombiano, con el Estado enfrentando “graves deficiencias” en su capacidad para hacerle frente. 

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Según Gustavo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales, actividades mineras ilegales han sido identificadas en 29 de los 32 departamentos del país. 

“Estamos observando una tendencia alarmante, con la presencia de mercurio, un contaminante tóxico comúnmente usado en la extracción de metales preciosos, en 26 de estos territorios”, comentó Guerrero.

El informe indica que aproximadamente 70 mil  hectáreas de tierra están afectadas por el mercurio, lo que representa un grave riesgo para las fuentes de agua y para la salud de las comunidades circundantes. Las principales afectaciones se concentran en Antioquia, Chocó, Boyacá, Santander y Bolívar, donde la actividad minera ilegal es especialmente intensa.

Además, la minería se convierte en un negocio lucrativo controlado por grupos criminales, mientras que la respuesta del Estado ha sido insuficiente para abordar este fenómeno. Silvia Méndez, consultora externa y coautora del informe, subrayó que la situación exige medidas más efectivas y coordinadas.

La minería de oro, que constituye aproximadamente el 62% de las actividades mineras en Colombia, ha alcanzado precios históricos en el mercado internacional en 2024. 

Según Hakim Hasan, jefe del Programa de Protección Ambiental de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de EE. UU., “el costo de un kilo de oro es ahora cuatro veces mayor que el de un kilo de cocaína”, lo que agrava la atracción hacia estas actividades ilegales.

El informe también revela que cerca del 85% de las exportaciones de oro del país provienen de fuentes ilegales y que más del 70% de la extracción irregular está vinculada a grupos organizados al margen de la ley.

Ante esta problemática, el informe concluye con varias recomendaciones para el Estado, que incluyen el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y la concesión de “licencias ambientales temporales” para los mineros artesanales, lo que podría ayudar a regular su actividad y reducir la ilegalidad. 

Además, se propone la creación de una entidad estatal para centralizar la compra y comercialización del oro, garantizando así una mayor trazabilidad de los materiales destinados a la exportación.

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