El ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Andrés Idárraga, denunció un espionaje ilegal contra su privacidad y la de su familia. Según un informe forense, su dispositivo móvil fue vulnerado mediante el software espía Pegasus, una herramienta de vigilancia de alto nivel creado por la compañía privada de seguridad israelí NSO Group

La evidencia técnica señala que la infiltración ocurrió desde el 1 agosto de 2025. El reporte detalla una invasión en la que los atacantes activaron de forma remota la cámara y el micrófono del celular en 134 ocasiones, permitiendo el monitoreo de reuniones privadas y conversaciones personales.

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En esta misma línea, según detalló Idárraga, “entre agosto y noviembre de 2025, extrajeron información privada de mi celular, (2.3 gigas) incluyendo denuncias de corrupción y mis fuentes. Se registraron más de 8.700 infiltraciones al teléfono”.

Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia.

La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien… pic.twitter.com/KYuYc2swiO

— Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) January 13, 2026

Pegasus, conocido por su capacidad para evadir el cifrado de aplicaciones como WhatsApp o Telegram, habría sido utilizado para extraer información sensible mientras Idárraga desempeñaba funciones clave en la lucha anticorrupción.

“La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, se lee en una publicación del funcionario en sus redes sociales.

Asimismo, detalló que estaban armando una campaña de desprestigio en su contra “por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”.

Ante los hechos, el caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo de la denuncia es determinar si la orden de interceptación fue una acción aislada o si responde a una directriz de altos mandos para obstruir las investigaciones por corrupción que el ministro adelantaba desde su etapa en la Secretaría de Transparencia.

“La democracia no se defiende con espionaje, se defiende con verdad, justicia y garantías para los denunciantes de corrupción”, puntualizó el funcionario colombiano.

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