Millones de personas podrían verse afectadas por la pérdida de tierras habitables y la contaminación de fuentes de agua dulce por la intrusión salina.

Ante la modificación de la Ley de Glaciares por parte del oficialismo, organizaciones consideran “que la vía judicial es necesaria para frenar un retroceso ambiental y defender derechos constitucionales”. El objetivo es alcanzar 1.000.000 de firmas.

La demanda exige una medida cautelar para la inaplicabilidad inmediata de la ley, argumentando que el proceso legislativo ignoró las audiencias públicas reales exigidas por tratados internacionales.

La diputada Lucía Cámpora advirtió que el proyecto legislativo busca una «triple flexibilización» ambiental, impositiva y laboral para el saqueo de Argentina, priorizando intereses de Washington y corporaciones sobre la soberanía.

Durante el debate, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció que la reforma fue redactada por empresas mineras: «No tengo ningún problema en decirlo. El sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley».

De las más de 100.000 personas inscriptas en las audiencias, solo 360 fueron autorizadas a intervenir. Organizaciones denuncian que la reforma a la Ley de Glaciares fue impulsada por el lobby minero, en detrimiento de las poblaciones y territorios afectados por las políticas extractivistas.

Durante la jornada el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regueira, rechazó una medida cautelar pedida por distintas organizaciones para que se garantizara la participación oral de la totalidad de inscriptos.

“No es una cuestión técnica, sino que flexibiliza los estándares ambientales y es un retroceso”, señaló durante el debate la senadora Anabel Fernández Sagasti. Organizaciones ambientales denuncian que la iniciativa implica «una cesión de soberanía ambiental y un mensaje claro de subordinación a intereses corporativos».

Asimismo en lugar de fortalecer la protección del agua frente a la crisis climática, el Gobierno busca debilitar la única norma que pone un límite claro al avance de la megaminería en las cabeceras de los ríos en la Ley de Glaciares

Organizaciones sociales y ambientales ya confirmaron manifestaciones en más de 30 ciudades del país ante la intención del Gobierno de Javier Milei de modificar la normativa para favorecer el avance de multinacionales mineras.

El proyecto ha generado controversia, ya que enfrenta la promesa de crecimiento económico con el riesgo de deterioro ambiental.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia lanzó una alerta este viernes 21 de marzo ante la alarmante desaparición de los glaciares en el país.