Pese a la caída del decreto 5503, el Gobierno boliviano se vio obligado a garantizar que los beneficios sociales anunciados (como el salario mínimo de 3.300 bolivianos) se mantengan, pero desvinculados de las cláusulas que buscaban privatizar recursos o liberalizar precios.

Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, que lideró la movilización contra el decreto, dijo a los integrantes del movimiento que “su lucha no ha sido en balde, ha rendido frutos”.

El secretario ejecutivo de la COB dijo que el Gobierno rechazó la propuesta sindical de elaborar un decreto paralelo que rescate aspectos positivos del Decreto Supremo 5503.

Los dirigentes del movimiento obrero boliviano sostienen que el Decreto Supremo 5.503 busca facilitar la cesión de los recursos naturales a corporaciones extranjeras.

La Central Obrera de Bolivia (COB) decreta un paro nacional de carreteras a partir del martes, exigiendo la abrogación del decreto 5503 que duplicó el costo de los combustibles.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, responsabilizó al Gobierno por la radicalización de la protesta y dijo que “este decreto pone en venta el país”.

La Central Obrera Boliviana convocó a una concentración masiva en La Paz para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503, que incrementa el costo de los carburantes y declara emergencia económica en el país.

Bolivia vivió una semana de intensas manifestaciones de mineros y obreros contra los efectos del «Gasolinazo» de Rodrigo Paz.

La Central Obrera Boliviana mantendrá movilizaciones nacionales, denunciando el impacto del Decreto Supremo 5503 en los trabajadores y la economía del país.

Denuncian que el Decreto Supremo 5503 -que elimina el subsidio a los combustible- traslada el peso del ajuste a la clase trabajadora y a los sectores de menores ingresos.

“Vamos a cercar todo lo que es la plaza Murillo para generar presión y que, de una vez por todas, el Gobierno se toque el pecho y abrogue este maldito Decreto 5503”, declaró Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB.

Mineros, fabriles y transportistas exigen la abrogación del Decreto 5503, denunciando un impacto directo en los costos de producción y en la economía de las familias.

CSUTCB denuncia que “esta decisión golpea directamente al estómago del pueblo”, al agregar que para las familias campesinas significa menos alimentos en la mesa, más gastos para producir y transportar, y mayor pobreza.