Desde la medianoche del martes 30 de septiembre al miércoles 1 de octubre, Estados Unidos se encuentra en una situación de parálisis presupuestaria tras el fracaso de una última votación en el Senado para evitar la paralización de parte de los servicios federales, el famoso “shutdown”.

El desacuerdo se centró en el rechazo de los republicanos a la exigencia de los demócratas sobre extender los beneficios de salud, que vencen a finales de año. Este ha sido el condicionante para modificar y avalar el proyecto de ley de gastos, de aprobación obligatoria, mientras los conservadores insisten en que el asunto de sanidad debe abordarse por separado.

La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que unos 750.000 funcionarios se verán afectados diariamente por un despido técnico, con un salario diferido. El tráfico aéreo podría verse afectado, mientras que el pago de numerosas ayudas sociales se vería gravemente perturbado.

Todas las operaciones principales de control migratorio, desde la Patrulla Fronteriza hasta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), continuarán sin interrupción, según dos funcionarios de la
Administración que solicitaron el anonimato para hablar sobre la planificación de la agencia. El personal policial en cierres anteriores se ha considerado esencial, pero el ICE, por ejemplo, cuenta con una mayor protección gracias a la financiación obligatoria incluida en la Ley One Big Beautiful (OBBB, por sus siglas en inglés).

Los nuevos agentes contratados bajo la ley fiscal y de política nacional de los republicanos seguirán recibiendo sus salarios. Sin embargo, la agencia también está trabajando para garantizar que otros agentes del orden público, que de otro modo no recibirían sus salarios hasta que el Congreso apruebe una nueva ley de financiación, puedan recibirlos a través de los fondos de la OBBB, según declaró uno de los funcionarios. La agencia también está dispuesta a suspender a menos personal que en años anteriores para garantizar que la implementación de la ley por parte de la Administración no se retrase.

“El ICE no tendrá problemas durante el cierre”, dijo un funcionario de la administración. “La mayor parte de lo que hace el ICE continuará”.

Solo el personal considerado “esencial” (militares, controladores aéreos, personal hospitalario) sigue trabajando, pero sin cobrar. Según los cálculos de los analistas de la compañía de seguros Nationwide, cada semana de “shutdown” podría reducir el crecimiento anual del PIB estadounidense en 0,2 puntos porcentuales.

En 2018-2019, el “shutdown” más largo de la historia —35 días— costó un 0,4 % del crecimiento. Esta vez, el contexto es más frágil: la inflación sigue siendo elevada, el desempleo no baja y las previsiones de crecimiento son moderadas.

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Niebla en los mercados y pérdida de confianza

Otra consecuencia es el cese de las publicaciones económicas oficiales. La Oficina de Trabajo y Estadísticas, que proporciona datos esenciales sobre el desempleo, el crecimiento y la inflación, ya no puede publicar sus indicadores.

La incertidumbre alimenta el nerviosismo de los mercados financieros y debilita el dólar. A medio plazo, los efectos podrían multiplicarse: funcionarios sin cobrar obligados a reducir su consumo, proyectos de inversión suspendidos, contrataciones congeladas.

Los veteranos pierden la asistencia sanitaria y los programas de prevención del suicidio. La FEMA (la agencia estadounidense de respuesta a catástrofes naturales, nota del editor) pierde recursos en medio de la actual temporada de huracanes. Los soldados y los agentes de seguridad aérea no cobran.

Dado el carácter muy impopular de una situación así, tanto demócratas como republicanos suelen intentar evitar esta parálisis federal, a veces en el último momento. Pero, en caso de fracaso, cada uno intenta echar la culpa al bando contrario.

Funcionarios y jubilados sin ingresos económicos. Foto EFE

Cambios en la opinión ciudadana

Antes de la votación en el Senado en la medianoche del 30 de septiembre al 1 de octubre, cada bando se echaba la culpa del fracaso de las negociaciones. Los demócratas “quieren cerrarlo todo, nosotros no lo queremos”, afirmó el presidente Donald Trump desde el Despacho Oval.

Trump aumentó la presión: aseguró consecuencias “irreversibles” si los demócratas no acababan aceptando el presupuesto que querían los republicanos, y amenazó con intensificar el despido de miles de funcionarios federales, iniciados con la comisión Doge de su antiguo aliado Elon Musk.

Por su parte, los demócratas denuncian la falta de voluntad de negociación. «El bloqueo republicano acaba de comenzar porque se niegan a proteger la asistencia sanitaria de los estadounidenses», publicó en su cuenta de X el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Según Pew Research Center, los estadounidenses tienen más opiniones negativas que positivas del presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y los líderes del Congreso de ambos partidos.

Al mismo tiempo, los demócratas ahora expresan más desaprobación del liderazgo de su partido en el Congreso que en cualquier otro momento en varias décadas, mientras que los republicanos le dan al liderazgo de su partido en el Congreso un índice de aprobación mucho más alto que en los últimos años.

Por primera vez en más de una década de encuestas del Pew Research Center sobre el Panel de Tendencias Estadounidenses, más demócratas desaprueban que aprueban (59% contra 40%) el trabajo que están haciendo los líderes demócratas en el Congreso.

En el 2023, las cifras eran casi la contraria. En aquel momento, el 61 % de los demócratas aprobaba el desempeño de sus líderes en el Congreso, mientras que el 37 % lo desaprobaba.

La actitud también ha cambiado entre los republicanos. Hoy, el 69% de los republicanos aprueba la labor de los líderes republicanos en el Congreso, frente al 54% que la aprobaba en 2023.

Se trata del primer cierre gubernamental en siete años y el decimoquinto desde 1981. El Gobierno cerró por última vez durante 35 días en 2018 y 2019, durante el primer mandato de Trump, entonces debido a una disputa sobre inmigración.

La demanda de dos sindicatos

Dos sindicatos demandaron a la Administración de Donald Trump por sus planes de despedir a empleados federales durante el inminente cierre gubernamental, alegando que las «amenazas ilegales» son contrarias a la ley y deberían ser declaradas ilegales por un tribunal federal de San Francisco.

«Estas acciones son contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas, y el uso cínico de empleados federales como instrumento en las deliberaciones del Congreso debería ser declarado ilegal y prohibido por este Tribunal», alega la demanda, presentada horas antes del cierre.

Interpuesta por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales, la querella involucra a los grupos Democracy Forward y el Fondo Estatal de Defensores de la Democracia.

La presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, dijo que Trump está «utilizando el servicio civil como moneda de cambio mientras conduce al pueblo estadounidense hacia un cierre gubernamental«.

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