La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma constitucional orientada a exigir la renuncia formal a cualquier otra nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La propuesta busca dejar asentado de manera explícita en el texto constitucional que la titularidad de dichos cargos de representación popular debe ser ejercida de forma exclusiva por ciudadanos mexicanos por nacimiento.

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La jefa de Estado argumentó que la normativa actual presenta vacíos que permiten a autoridades en funciones mantener simultáneamente la ciudadanía de otros países, lo que a su juicio genera una dualidad de compromisos geopolíticos.

Sheinbaum enfatizó que la soberanía nacional exige que la lealtad y el interés supremo de quienes dirigen el Poder Ejecutivo recaigan únicamente en la nación mexicana, evitando posibles vulnerabilidades frente a presiones o injerencias extranjeras.

El proyecto legal establece que la renuncia a la segunda nacionalidad deberá formalizarse al momento de registrar la candidatura formal ante los organismos electorales. De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, la medida busca blindar el ejercicio del mando político y garantizar que el patriotismo primario prevalezca en la toma de decisiones estratégicas de Estado.

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Sobre el impacto que tendría la norma en figuras de la oposición radicadas en el exterior, la mandataria señaló las dificultades éticas y operativas que implica buscar una alta responsabilidad pública desde el extranjero. La iniciativa pasa ahora al debate de las cámaras legislativas, donde el bloque oficialista buscará consolidar este requisito de elegibilidad para los futuros procesos electorales del país.

En días previos, la presidenta Sheinbaum, aseveró que quienes ejercen funciones públicas tienen la obligación ética de priorizar las necesidades de la ciudadanía frente a cualquier pretensión política o individual, enfatizando a través de sus canales oficiales que ningún interés particular debe colocarse por encima del bienestar colectivo y del Estado.

La declaración de la jefa del Ejecutivo se produjo horas después de que Rubén Rocha Moya reasumiera sus funciones como Gobernador del estado de Sinaloa, tras concluir un periodo de licencia de 112 días derivado de señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses por su presunta vinculación con estructuras del crimen organizado.

Durante un acto institucional en las instalaciones del Registro Agrario Nacional, la mandataria aclaró ante los medios de comunicación que tuvo conocimiento de la reincorporación de Rocha Moya de manera simultánea a la opinión pública a través de las redes sociales, descartando de forma categórica comunicación o consenso previo sobre la decisión del mandatario regional.

En la misiva difundida mediante la plataforma X, Sheinbaum advirtió sobre los riesgos del ejercicio gubernamental desprovisto de valores rectores, subrayando que las responsabilidades de mando son temporales mientras que el compromiso con la Patria permanece de forma indefinida, por lo que la soberanía popular no puede ser instrumentalizada para proyectos particulares.

Para cerrar su posicionamiento, la jefa de Estado ratificó que la defensa de la dignidad nacional y la atención a las demandas históricas de la población constituyen el mandato primordial del servicio público, situándose por encima de cualquier figura individual o facción política.

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