Senadores demócratas de EE.UU. presentaron una resolución conjunta de rechazo para bloquear el acuerdo de cooperación nuclear civil impulsado por la Administración de Donald Trump con Arabia Saudita. La medida, liderada por los senadores Jeff Merkley y Edward Markey, abre la posibilidad de una votación en el Senado después del 29 de noviembre.

Merkley, miembro destacado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que el acuerdo carece de las salvaguardias necesarias para impedir que Arabia Saudita utilice tecnología nuclear civil con el fin de desarrollar armas nucleares. El legislador exigió que Riad acepte restricciones al enriquecimiento de uranio y al reprocesamiento de combustible gastado, así como inspecciones internacionales más rigurosas.

Bajo la ley federal, el pacto, conocido como «acuerdo 123» en referencia a la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de EE.UU. de 1954, entrará en vigor tras un periodo de revisión de 90 días por parte del Congreso. Ello ocurrirá a menos que el Legislativo apruebe una resolución conjunta de rechazo. Conforme al proceso descrito, los congresistas disponen del referido plazo de tiempo para analizar el documento, el cual fue remitido por el presidente Trump en agosto.

«Permitir que Arabia Saudita acceda a tecnología estadounidense de energía nuclear civil sin garantías férreas que aseguren que no servirá de base para una bomba nuclear es inaceptable», declaró Merkley, quien argumentó que el Congreso debe examinar minuciosamente el acuerdo.

Al ampliar sus críticas a la propuesta, señaló que, tal como está planteado, el pacto no cumple con lo que los defensores del control de armas denominan el «estándar de oro» de la no proliferación nuclear. «El acuerdo nuclear entre EE. UU. y Arabia Saudita trata sobre megatones, no sobre megavatios», afirmó el legislador, quien advirtió que podría aumentar el riesgo de proliferación de armas nucleares en Oriente Medio.

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Bajo este acuerdo nuclear de 30 años de duración, las empresas estadounidenses desempeñarían un papel central en el desarrollo de la infraestructura nuclear de Arabia Saudita. El esquema está diseñado para excluir a competidores extranjeros de gran parte de los trabajos.

El acuerdo ha suscitado controversia porque podría permitir a Arabia Saudita enriquecer uranio en su propio territorio, lo que genera preocupación entre legisladores y defensores de la no proliferación sobre la propagación de capacidades nucleares en la región.

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