Una ola de movilizaciones de agricultores sacude Europa. Esta semana, productores españoles paralizaron el país con bloqueos en la mayoría de las regiones del territorio. Del mismo modo, se han visto filas de cientos de tractores desfilando por las calles de París, Bruselas y Berlín.

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Los reclamos se repiten: denuncian la baja rentabilidad de sus productos, exigen restricciones a las importaciones, y rechazan las nuevas normativas ambientales impuestas por la Comunidad Europea. 

Estas reivindicaciones intentan ser capitalizadas por partidos de ultraderecha que señalan la desmedida intervención del Estado como responsable de los problemas del sector agrario europeo.

Sin embargo, las políticas agrícolas de la Unión Europea (UE) son el resultado de un prolongado proceso de liberalización de los mercados y de la destrucción de los mecanismos de regulación de la competencia.

1.- Neoliberalismo verde

“Desde hace más de 30 años se ha liberalizado completamente la agricultura y toda la economía que la rodea; entonces, como campesinos y campesinas, tenemos que producir al precio más bajo posible y con un nivel de competencia muy alto”, señaló a teleSUR la coordinadora general de La Vía Campesina y miembro de la Confederación Campesina de Francia, Morgan Ody.

Según Ody, esta desregulación se traduce en “una agricultura con muchas desigualdades y una pequeña minoría del agronegocio muy capitalizado con financiarización muy alta”.

El profesor de Geopolítica argentino y autor del libro “Geopolítica y Alimentos: el desafío de la seguridad alimentaria frente a la competencia internacional por los recursos naturales”, Juan José Borrell, explica que ”las crecientes normativas ambientales y de presión fiscal no se contraponen a una liberación del mercado, sino que son el medio para lograr dicho aperturismo. Son la herramienta para socavar la resistencia del capital local para el ingreso del gran capital transnacional”.

 

Para Borrell, tanto el ecologismo como el neoliberalismo son “hijos de la globalización, de la apertura de mercados, la financiarización de la economía, y los frenos a la capitalización genuina”. 

El catedrático señala que las “políticas verdes” son utilizadas por el Foro Económico de Davos para frenar el desarrollo de los países emergentes, y expresa que “son parte de un modelo gestado por un grupo de mega corporaciones, en su mayoría no europeas y ligadas a las altas finanzas transnacionales, que poseen lo que denomino poder estructural agroalimentario, y cuyo objetivo es vulnerar la soberanía de los países y borrar del mapa a los pequeños y medianos productores”. 

2.- La liberalización de la Política Agraria Común

La PAC, Política Agraria Común, es un conjunto de normativas y regulaciones que rige la agricultura de la UE. Creada en 1962, durante el periodo de Guerra Fría, nació con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria y, bajo su paraguas, las naciones de Europa recuperaron su potencial exportador.

Borrell apunta que en su génesis, la PAC partía de “un modelo macro para una Europa federal, autónoma, de distribución y permanencia de la población en el territorio; donde las naciones europeas perseguían un margen de acción respecto a Washington con un modelo de producción autónoma y crecimiento propio”.

Por ello, la PAC nació como un conjunto de herramientas de intervención en el mercado, como políticas de precios garantizados para productores, compra de excedentes y mecanismos de gestión de la oferta.

Sin embargo, en 1992, tras la caída de la Unión Soviética y el auge neoliberal, se aplicaron una serie de reformas con el objetivo de “reducir el presupuesto global y abandonar la política de precios garantizados ilimitados”, y se pasa de regulación del mercado a un sistema de ayuda directa a la renta.

Para conseguir los mencionados objetivos, la reforma dejó atrás las políticas de intervención al mercado y se valió de la entrega de subsidios. De hecho, para un productor lácteo, las ayudas públicas representan de media francés el 84 por ciento de sus ingresos anuales (entre 2011 y 2021), ayudas sin las cuales los criadores no podrían sobrevivir. 

Con esta medida, se procuraba favorecer la competitividad del agro europeo a nivel global a partir de la compensación de las asimetrías. Sin embargo, los subsidios se otorgan en proporción a la cantidad de hectáreas de cada núcleo productivo y favorecieron la concentración de la tierra y los latifundistas se llevaron la mayor parte de los fondos de la PAC.

El resultado fue la destrucción de más de un tercio de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. La Oficina de Estadísticas Europea (Eurostat) señala que entre 2005 y 2020, 5,3 millones de granjas dejaron de existir, lo que implica un decrecimiento de la pequeña producción de un 37 por ciento en un periodo de 15 años.

 

3.- Aplicación del Pacto Verde Europeo

En 2019 fue creado el Pacto Verde Europeo, el cual implicó que las naciones del bloque comunitario se sometieran a una serie de compromisos para la protección ambiental. Para ello, se desarrollaron una serie de normativas que establecen mayores exigencias para los productores. 

A partir de la aplicación de este marco regulatorio, los pequeños y medianos productores deben comprobar que limitaron el uso de fertilizantes y agroquímicos, que cumplen con ciertas obligaciones respecto al cuidado animal y demostrar una reducción en las emisiones de carbono. 

La decisión de la Comisión Europea de iniciar una transición a una agricultura más sostenible es acertada, para Morgan Ody, “porque el cambio climático lo vivimos en nuestras fincas, porque yo conozco muchos de mis vecinos agricultores que tienen problemas de salud por el uso de pesticidas”. Sin embargo, la coordinadora de la Vía Campesina sentencia que “no se puede efectuar una transición agroecológica produciendo el máximo posible”.

Ody marca la contradicción central del modelo agrícola europeo, en donde desde lo económico se persigue la maximización de ganancias y el aumento de la competitividad a nivel internacional, mientras que se elevan las exigencias ambientales, que se traducen en mayores costos que muchos de los productores no pueden asumir y quedan fuera de mercado.

En tanto, para recibir los subsidios destinados a saldar “la transición verde” y demostrar su cumplimiento, los campesinos deben completar una serie de pasos burocráticos que son repudiados en la mayoría de las manifestaciones por su complejidad y extensión.

 

4.- Contexto internacional

Las sanciones tomadas por la UE contra Moscú han provocado un aumento en los combustibles e insumos para la producción a nivel global, lo cual afecta gravemente la ajustada ecuación de los productores europeos. 

Borrell apunta que “las medidas punitivas de la UE contra Rusia por mandato de la OTAN, generaron como reacción un corte de la comercialización y encarecimiento del gas y urea importado a Europa. Es decir, el europeo de a pie que no está necesariamente en guerra con Rusia, paga más caro y sufre restricciones del suministro energético por una estrategia diseñada a varios miles de kilómetros en Washington”.

A esto se suma el ingreso de productos agrícolas desde Ucrania. De hecho, el primer foco de protestas campesinas fue protagonizado por agricultores polacos que tuvieron que competir con productos que no cumplían con las múltiples restricciones y obligaciones exigidas por la UE y por lo tanto eran mucho más baratos.

5.- Tratados de Libre Comercio

La firma de Tratados de Libre Comercio por la UE habilitó el ingreso de mercancías de países como Marruecos, Chile o Canadá, y se encuentra en proceso de debate un acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Estos acuerdos obligan a competir a los productores europeos con productores del mundo pese a las diferencias regulatorias. Situación que perjudica a los agricultores europeos, dado que las normativas de la PAC son más exigentes que la de otros países del sur global o que la de países con perspectivas reguladoras mucho más liberales como Estados Unidos (EE.UU.) o Canadá.

Ody señala que este tipo de acuerdos, pensados únicamente desde una lógica comercial, pone en competencia a los productores de Europa con productores de otras regiones y, en esa situación “pierden los dos pueblos”.

6.- Intermediarios

La coordinadora general de La Vía Campesina, Morgan Ody, señala la concentración en la distribución de los alimentos como otro factor clave de la crisis de los sectores agrarios europeos, “la inflación que pagan los consumidores alimentarios en Europa ha llegado a 24 por ciento».

«Sin embargo los precios que reciben los agricultores no suben y la ganancia se la quedan los intermediarios: el sector financiero, el sector que concentra la distribución y el agronegocio, que ganan un montón de dinero por comprar a precios bajos y vender a precios mucho más altos”, dijo.

 

Un reciente estudio de la Fundación para la Naturaleza y el Hombre en Francia deja clara la situación al respecto. 

Según el informe, en 2001 se pagaba a los productores de leche 0,25 euros por un litro; 20 años después, en 2022, el precio por litro cobrado por los tambos bajó a 0,24 lo cual representa una baja del 4 por ciento. En tanto, el precio del litro de leche en los supermercados subió un 53 por ciento en el mismo periodo de tiempo, de 0,53 euros a 0,83. 

A su vez, el estudio profundiza en quien se apropia de esta rentabilidad y señala que en el periodo estudiado, “la gran distribución” aumentó sus ganancias en un 188 por ciento y la industria alimentaria en un 64 por ciento.

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