Moscú expresó su inquietud ante la aprobación de la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que transforma la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití en una denominada Fuerza de Represión de Bandas, y advirtió que dicha medida podría ser empleada como precedente o justificación para eventuales acciones similares en otros países de la región, como Venezuela.

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Durante la votación del documento, Rusia, China y Pakistán optaron por abstenerse, argumentando que el texto carece de claridad y presenta vacíos preocupantes. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, explicó que Moscú decidió no bloquear la iniciativa debido a las peticiones del propio Gobierno haitiano y de los países vecinos, que temen un agravamiento de la crisis humanitaria.

No obstante, Zajárova advirtió que la resolución otorga a las nuevas fuerzas un estatus “prácticamente independiente del control nacional e internacional”, con un mandato “casi ilimitado” para usar la fuerza contra cualquier persona o grupo que Estados Unidos y sus aliados clasifiquen como “pandillas”. La diplomática calificó este punto como “extremadamente preocupante” y alertó sobre los riesgos de una intervención encubierta bajo el paraguas de la ONU.

En la misma línea, denunció que Washington ha difundido insinuaciones infundadas que vinculan a supuestos cárteles venezolanos con bandas criminales haitianas. Moscú considera que tales acusaciones carecen de pruebas y constituyen una maniobra para justificar futuras operaciones ilegales contra un Estado soberano, aprovechando un eventual mandato del Consejo de Seguridad.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó la situación en el Caribe como “alarmante” debido al despliegue de buques de guerra estadounidenses cerca de las costas de Venezuela y la amenaza real de una agresión militar.

Lavrov aseguró que no se debe permitir que las fuerzas de la ONU en Haití sirvan de pretexto para encubrir una acción militar contra Caracas y advirtió que la coalición propuesta podría transformarse en una herramienta para atacar a Gobiernos que no se someten a Washington, bajo el argumento de combatir el narcotráfico o las pandillas.

Estas declaraciones coincidieron con un informe de una cadena estadounidense que, citando fuentes militares, reveló que el Departamento de Guerra evalúa opciones para atacar a “supuestos narcotraficantes” dentro de Venezuela en las próximas semanas.

Paralelamente, se denunció que fuerzas estadounidenses han destruido un grupo de embarcaciones en el mar Caribe, culpándolas de transportar drogas desde territorio venezolano, acusación que Caracas niega, bajo el argumento de que las víctimas eran civiles y que dichos ataques constituyen “crímenes de lesa humanidad”.

Frente a esta escalada, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó sobre un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres, quien calificó de “injustificada e inaceptable” la amenaza militar estadounidense.

Gil subrayó que el despliegue bélico “viola la Carta de las Naciones Unidas y pone en riesgo la estabilidad y la soberanía de toda la región”.

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