Revelan pactos secretos entre Bukele y pandillas en El Salvador que se remontan a sus inicios políticos
Ex-líderes pandilleros exponen acuerdos de reducción de homicidios, control territorial y apoyo electoral que contradicen la narrativa oficial, revelando el doble estándar que aplica a gobiernos latinoamericanos
Los detalles revelados apuntan al acuerdo que inició cuando el actual presidente salvadoreño era candidato a la Alcaldía de San Salvador. Foto: EFE
4 de mayo de 2025 Hora: 11:06
La relación entre Nayib Bukele y las pandillas salvadoreñas comenzó mucho antes de su llegada a la presidencia, remontándose a su candidatura para la Alcaldía de San Salvador con el partido FMLN, según revelaron dos ex-líderes del Barrio 18 Revolucionarios en una investigación exclusiva de El Faro que expone cómo las estructuras criminales se convirtieron en aliados estratégicos de su proyecto político.
Carlos Cartagena, alias «Charli«, pandillero que ganó notoriedad tras aparecer en un documental de una cadena británica cuando tenía 16 años, proporcionó detalles de los acuerdos iniciales establecidos dentro de los penales. «Se solicitó el apoyo de nuestra gente, de nuestras comunidades y colonias. El objetivo era poder elegirlo a él como alcalde», afirmó Charli, quien tiene orden de captura en El Salvador y fue entrevistado en un lugar no revelado.
Esta relación evolucionó hasta convertirse en una extensa red de pactos que desde 2019 incluyen control territorial, reducción selectiva de homicidios y apoyo electoral directo. Estos acuerdos habrían sido fundamentales para consolidar el poder de Bukele mientras públicamente mantenía un discurso de «guerra contra el crimen organizado», exponiendo una profunda contradicción en la base de su modelo de seguridad.
Según los testimonios, durante la cuarentena por COVID-19, el gobierno entregó a las pandillas el control efectivo de numerosas comunidades. «La policía jamás tomó el control. Quien decidía era el Homeboy», afirmó Liro, el otro entrevistado, utilizando el término con que se conoce a los líderes pandilleros.
Ambos ex-pandilleros admitieron haber organizado la distribución de subsidios gubernamentales de $300 dólares, priorizando a familias de pandilleros. «Nosotros coordinamos las cajas de alimentos y el orden», reconoció Charli.
Los testimonios revelan que bajo el lema «Sin cuerpo no hay delito» —citado por Liro como instrucción directa de Carlos Marroquín, enviado personal de Bukele— se permitieron asesinatos selectivos siempre que no quedara evidencia. «Si hacían algo, desaparecían el cuerpo. ¿De qué me acusás si no tenés prueba?», explicó Liro.
Extorsiones permitidas y visitas clandestinas a prisiones
A pesar de la aparente reducción de homicidios que Bukele promocionó internacionalmente, los testimonios indican que las extorsiones continuaron con conocimiento del gobierno. «Cero extorsión al extracto pobre, pero empresas grandes: jódanlos», señaló Liro, describiendo las directrices acordadas con el gobierno.
Charli admitió que las autoridades estaban al tanto de estas prácticas extorsivas y que incluso prometieron empleos ficticios para justificar los ingresos ilícitos de los pandilleros.
Entre 2020 y 2022, pandilleros activos ingresaron ilegalmente a penales de máxima seguridad como Zacatecoluca e Izalco, bajo coordinación de Carlos Marroquín y Osiris Luna, entonces viceministro de Seguridad.
«Nos dieron uniformes y vehículos oficiales. Entramos como si nada», relató Charli. Liro añadió detalles sobre estas visitas irregulares: «No nos revisaban ni al entrar ni salir». La investigación incluye imágenes exclusivas que muestran a Marroquín y al diputado Denis Salinas dentro del penal en reuniones con líderes pandilleros.
Los CUBO: fachada social para las pandillas
Los Centros Urbanos de Bienestar (CUBO), promocionados por el gobierno como espacios culturales y recreativos, fueron en realidad administrados por pandillas, según los testimonios.
«Mediábamos para que escucharan a la comunidad. Hubo pandilleros trabajando allí», reconoció Charli. Liro fue más directo, calificando los CUBO como «microempresas para las pandillas», con fondos públicos presuntamente desviados.
Bajo esta fachada las pandillas apoyaron activamente a Bukele para consolidar su poder político electoral en 2021. «Se les dijo a las comunidades: Voten por el tío [Bukele] para abrir los penales», declaró Liro, describiendo cómo se movilizó el voto en territorios controlados por pandillas.
Ruptura del pacto y régimen de excepción
Tras tres masacres ocurridas entre 2020 y 2022, Bukele decretó el actual régimen de excepción. Charli fue capturado pero liberado, luego que «Una llamada ordenó soltarme», afirmó. Mientras tanto, Liro huyó a Guatemala presuntamente con ayuda de Marroquín, quien también habría facilitado la salida del país a líderes de la MS-13.
«Bukele se vende como anti pandillas, pero pactó con nosotros», denunció Liro, exponiendo la contradicción en la narrativa oficial.
LEER TAMBIÉN:
El Salvador: Régimen de excepción acumula miles de detenciones arbitrarias y más de 300 muertes
Los Estados Unidos ya había sancionado a Carlos Marroquín y Osiris Luna por negociar con pandillas. Una auditoría reveló el desvío de aproximadamente $30 millones en subsidios COVID, coincidiendo con el período de los acuerdos.
Según el trabajo periodístico de El Faro, el régimen de excepción ha dejado más de 8,000 detenidos sin juicio, incluyendo numerosos civiles sin vínculos con pandillas, mientras que ex-líderes que participaron en los pactos con el bukelismo lograron escapar con presunta complicidad estatal.
Relaciones con EE.UU. y expansión del modelo carcelario
El régimen de excepción en El Salvador cumple ya tres años de implementación, iniciado en marzo de 2022. Mientras el gobierno de Bukele celebra la reducción de homicidios y la captura de más de 85.000 personas, organizaciones internacionales de derechos humanos continúan documentando detenciones arbitrarias masivas, condiciones inhumanas de reclusión y violaciones sistemáticas al debido proceso.
En abril, el presidente estadounidense Donald Trump solicitó directamente a Bukele «construir más cárceles similares a la megacárcel CECOT» y comprometió a su administración a deportar «tantos criminales como sea posible» hacia El Salvador, profundizando una alianza que prioriza la deportación masiva sobre las consideraciones de derechos humanos.
Este modelo se expande ahora hacia otros países alineados con Washington. En Argentina, el gobierno de Javier Milei implementa políticas similares bajo la dirección de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien intensifica un enfoque mediático de combate al «terrorismo y narcotráfico», definidos como «crimen transnacional». En Ecuador, Daniel Noboa hace lo propio involucrando a mercenarios ex-Blackwaters y buscando ampliar el modelo Bukele en el Cono Sur.
LEER TAMBIÉN:
El triángulo de la securitización en América latina: un modelo “imported”
Analistas regionales identifican la implementación de lo que denominan «Doctrina de las nuevas amenazas», considerada una versión actualizada de la «Doctrina de Seguridad Nacional» impulsada por Estados Unidos, Israel y potencias occidentales en toda América Latina durante décadas pasadas, pero ahora con énfasis en la militarización de la seguridad interna.
Tras la asunción de Donald Trump como presidente de EE.UU. en enero de 2025, El Salvador logró nuevos acuerdos políticos y económicos. En febrero, el secretario de estado Marco Rubio anunció un convenio migratorio mediante el cual el Centro de Contención del Terrorismo de El Salvador (CECOT), conocido como la «megacárcel», comenzó a recibir deportados de otras nacionalidades.
La Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, visitó recientemente El Salvador y firmó un Memorándum de Cooperación para actualizar la Alianza de Seguridad para la Ejecución de Fugitivos (SAFE), permitiendo el intercambio de antecedentes penales.
Actualmente, el CECOT alberga al menos 288 personas, de las cuales aproximadamente 252 son de nacionalidad venezolana, según indican las fuentes relacionadas.
El gobierno venezolano denunció «graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos» tras el traslado ilegal de los venezolanos desde EE.UU. hasta El Salvador, calificando estas acciones como «delitos internacionales».
Los testimonios de los ex-pandilleros, junto con la evidencia judicial, periodística y testimonial recopilada, consolidan la denuncia de un pacto que habría sido clave para el ascenso de Bukele al poder y para mantener una imagen internacional de eficacia en seguridad pública que contradice la realidad interna del país centroamericano.
Autor: teleSUR: DRB
Fuente: El Faro - Nodal - Agencias
