La situación migratoria de haitianos en República Dominicana ha escalado en los últimos meses, con políticas más estrictas que incluyen deportaciones masivas y restricciones a servicios básicos.

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Desde finales de 2024, las autoridades dominicanas han reportado más de 180.000 deportaciones. Este hecho ha generado gran preocupación a nivel nacional e internacional, por las constantes violaciones a los derechos fundamentales durante los operativos.

Las medidas más criticadas incluyen detenciones en hospitales y restricciones al acceso a servicios de salud, especialmente a mujeres embarazadas, quienes en algunos casos han sido detenidas mientras recibían atención médica.

De acuerdo con el Centro de Atención a la Niñez, casi 900 niños no acompañados fueron deportados, pese a que la Constitución dominicana prohíbe expulsar a estos grupos vulnerables.

El organismo justificó las acciones alegando coordinación con autoridades haitianas, aunque evitó informar a la prensa hasta después de ejecutadas las deportaciones.

Expertos de la ONU alertaron sobre estos casos y enfatizaron el riesgo que enfrentan mujeres embarazadas, madres lactantes y menores de edad.

Los especialistas también han registrado casos de dominicanos negros confundidos con haitianos, quienes permanecen varios días en centros como el de Haina, en Santo Domingo, durante los llamados procesos de «depuración».

El presidente Luis Abinader defiende las políticas como ejercicio de soberanía para «proteger recursos nacionales», mientras algunos legisladores piden más deportaciones bajo el argumento de que la carga migratoria haitiana representa una presión sobre los servicios públicos dominicanos.

La ONU ha instado al país a alinear sus prácticas con el derecho internacional, independientemente de su estatus migratorio y respetar los derechos humanos en el marco de las deportaciones.

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