La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció hoy que ha reforzado el esquema de seguridad de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, responsable del fallo que declaró al expresidente Álvaro Uribe Vélez culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

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La solicitud de protección había sido presentada el 11 de febrero de este año, y tras un análisis de riesgo conjunto con la Policía Nacional, se activaron medidas adicionales para resguardar su integridad física y funcional.

El 28 de julio se dio lectura al veredicto tras 475 días de proceso judicial. En su intervención, la magistrada subrayó que “la justicia no se arrodilla frente al poder”, y que este es uno de los momentos más significativos en la historia reciente del sistema judicial colombiano.

Aunque se desestimó el cargo de soborno simple, la jueza determinó que las interceptaciones telefónicas registradas en 2018 son válidas, al considerar que su origen fue accidental y que la defensa del expresidente no logró demostrar que se tratara de comunicaciones protegidas bajo la relación cliente‑abogado.

Uribe, quien enfrentaba acusaciones además por manipular testigos e influir en el proceso penal mediante su abogado Diego Cadena, negó todas las imputaciones y acusó a los actores políticos del actual gobierno de orquestar el caso en su contra.

Por su parte, la defensa argumentó que el cambio de fuero del exsenador en 2020 invalida las pruebas acumuladas antes, teoría que fue rechazada por la jueza: la renuncia a su curul no impacta retroactivamente las actuaciones previas al cambio de jurisdicción.

El fallo ha encendido reacciones tanto en las calles de Bogotá como en el espectro político. Varias agrupaciones civiles comenzaban a reunirse este lunes frente al mural simbólico “Las cuchas tenían razón”, mientras la Corporación Jueces y Magistrados de Colombia solicitó medidas adicionales de protección para la magistrada y exhortó al respeto irrestricto a su labor y al resultado judicial.

El próximo 1 de agosto, la jueza Heredia emitirá la pena para Uribe, que, según el marco legal, podría resultar en prisión domiciliaria dado el rango de sanción previsto (entre 4 y 8 años) y la edad del condenado.

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