¿Qué se sabe del atentado contra Miguel Uribe Turbay?
En el acto público, ante decenas de asistentes y pese a contar con escoltas, un joven se aproximó por la espalda al político y le disparó múltiples veces.

Foto: EFE
10 de junio de 2025 Hora: 12:03
El sábado 7 de junio de 2025, durante un mitin político en un parque del barrio Modelia (Fontibón, occidente de Bogotá), el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay recibió un brutal ataque a tiros.
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En el acto público, ante decenas de asistentes y pese a contar con escoltas, un joven se aproximó por la espalda al político y le disparó múltiples veces. Varios videos difundidos muestran cómo el agresor abre fuego y Uribe Turbay cae al suelo desplomado.
Los escoltas reaccionaron de inmediato: lo trasladaron de urgencia a la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, mientras otros agentes persiguieron al atacante. Tras una breve persecución, la policía le disparó en una pierna y lo capturó en el sitio del atentado.
En el lugar quedó abandonada una pistola Glock 9 mm, con la cual se cree el adolescente efectuó los disparos. El propio mandatario distrital Gustavo Petro confirmó que el arma había sido comprada legalmente en Estados Unidos (Arizona) en 2020 y que se investiga cómo ingresó al país.
En un video captado durante la detención se le escucha al detenido gritar frases como “Fue el man de la olla” y “lo hice por plata, por mi familia” mientras es sometido por los agentes.
Luego del tiroteo el adolescente fue internado bajo custodia policial en una clínica, dado su herida en la pierna. Actualmente la Fiscalía General legalizó su aprehensión y formalizará su captura como presunto sicario.
El ataque ha conmocionado a Colombia: según la Fiscalía, revivió “el temor por la violencia política” que en los años 80-90 cobró la vida de varios candidatos presidenciales.
Perfil del presunto agresor
Las autoridades identificaron al capturado como un menor de edad (unos 14 o 15 años) residente en Bogotá. Vivía con su tía en el sector popular de Villas de Alcalá, occidente de la ciudad. Su madre falleció cuando él era niño y su padre, según investigaciones, se encontraba trabajando en Polonia.
El joven había sido vinculado hace semanas a programas sociales del Distrito para jóvenes vulnerables: fue inscrito en el plan “Jóvenes en Paz”, impulsado por la Alcaldía de Bogotá, pero informantes señalaron que mostraba “personalidad conflictiva” y no tenía asistencia continua a talleres ni vínculos sociales estables.
El propio presidente Petro confirmó que el menor había participado en este programa distrital, que busca brindar acompañamiento educativo y laboral a jóvenes en riesgo.
La Fiscalía y la Policía han señalado que este adolescente sería “apenas un ejecutor material” bajo órdenes de otros, aun cuando no se conocen plenamente los autores intelectuales. En rueda de prensa la fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que el atentado fue premeditado por una red criminal organizada, y que unos 180 investigadores (de la Fiscalía, inteligencia policial y DIJIN) trabajan coordinados para rastrear a los responsables reales.
De momento, el joven enfrentará cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Por tratarse de un adolescente, la ley fija una pena máxima de ocho años de internamiento en un centro especializado, no prisión, en una cárcel común.
Los investigadores han analizado más de 1.000 videos que registran su ruta desde la casa hasta el mitin, sin que se haya identificado a otros implicados. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechazó la “manipulación” de menores para cometer delitos y pidió tratarlos como víctimas del contexto social violento, ofreciendo planes de rehabilitación en lugar de estigmatizar.
Estado de salud de Uribe y su precandidatura
El senador Miguel Uribe Turbay, de 39 años, sigue en estado crítico tras recibir los impactos de bala. Los centros médicos informaron que fue operado de urgencia dos veces y permanece en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe.
El hospital ha reportado que Uribe ha tenido “escasa respuesta” a los tratamientos y su pronóstico es reservado. La familia y seguidores han hecho cadenas de oración por su recuperación: su esposa, María Claudia Tarazona, pidió “un milagro” ante la gravedad de la lesión cerebral.
En lo político, Uribe Turbay es precandidato presidencial del Centro Democrático, el principal partido de oposición de derecha. Formalizó su aspiración el 4 de marzo de 2025 y era considerado el favorito en su partido por encima de figuras como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia.
En 2022 encabezó la lista al Senado del Centro Democrático y resultó el congresista más votado de ese año. Desde entonces ha sido una de las voces más críticas con la administración Petro, especialmente en temas económicos, de seguridad ciudadana y reformas sociales.
En el pasado (2016-2019) Uribe trabajó como secretario de Gobierno de Bogotá bajo Enrique Peñalosa, donde impulsó políticas de fortalecimiento institucional y urbanismo. Dicho cargo coincidió con un auge delictivo en la ciudad, por ejemplo, en 2019 los hurtos crecieron un 17%, lo que aumentó la preocupación por la inseguridad urbana.
Contexto político colombiano
El atentado ocurre en un clima de alta polarización política en Colombia, justo cuando comienza el periodo preelectoral de 2025-2026. Líderes del Gobierno y de la oposición se acusan mutuamente de exacerbar la confrontación.
La bancada opositora (Centro Democrático) acusa al Ejecutivo de profundizar la crisis mediante señalamientos y confrontaciones, mientras el oficialismo habla de “sectores oscuros” y conspiraciones contra la estabilidad nacional.
Los tres principales poderes del Estado, en conjunto con partidos de oposición, han señalado una “crisis institucional” agravada por la polarización y las amenazas persistentes. Incluso la Mesa Directiva del Senado decidió declararse en sesión permanente en solidaridad con Uribe Turbay y para evaluar diariamente las garantías de seguridad antes de reanudar actividades legislativas.
En un comunicado conjunto, once partidos (oposición e independientes) condenaron el atentado y exigieron respeto por la vida de los líderes políticos. Advirtieron que la situación exige “una respuesta urgente y efectiva” y pidieron al Procurador General activar la vigilancia electoral ante el temor de más violencia en la contienda.
Históricamente Colombia sufrió varios magnicidios y atentados políticos en las décadas pasadas. Este ataque ha reavivado el recuerdo de episodios tan trágicos como el asesinato de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán (1989) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990), entre otros.
Investigación judicial y pistas oficiales
Las autoridades han dispuesto varios frentes de pesquisa. La fiscal Luz Adriana Camargo enfatizó que el atentado no fue un hecho aislado, sino una acción “premeditada” ligada a un “grupo criminal organizado”.
Por eso, la Fiscalía moviliza unos 180 funcionarios (entre agentes de inteligencia, DIJIN y fiscales investigadores) para seguir la pista de quienes planearon el crimen. Hasta ahora Camargo no ha divulgado un móvil claro.
Se están explorando diversas hipótesis oficiales: si el ataque fue dirigido específicamente contra Uribe por su perfil político de oposición, si obedeció a un objetivo contra el Centro Democrático en pleno, o si formó parte de un complot para desestabilizar al gobierno actual.
El arma utilizada es un elemento clave. La Policía reveló que la pistola Glock 9 mm fue comprada legalmente en 2020 en Arizona (Estados Unidos), por lo cual se rastrea su posible paso por redes de tráfico ilícito de armas.
No se ha confirmado aún ningún vínculo directo con grupos extranjeros, pero se investiga si provino de contrabando o mercado negro internacional. En la escena del crimen se encontró un cargador con más de 16 balas, evidencia que aún se analiza balísticamente.
El uso del término “man de la olla” por parte del atacante sugiere la participación de microtraficantes locales: en la jerga de calle, “olla” hace referencia a puntos de venta de droga, por lo que la Fiscalía examina posibles conexiones con bandas dedicadas al narcotráfico en Bogotá.
Hasta ahora no ha aparecido otro sospechoso. Los investigadores han entrevistado a más de veinte personas que estaban en el mitin y ninguna identificó cómplices adicionales.
Asimismo, la Fiscalía confirmó que llamará a declarar al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para esclarecer cómo funcionaba exactamente la custodia del senador ese día.
Este examen incluye investigar denuncias por presunta “omisión”: la familia de Uribe presentó un recurso legal contra la UNP alegando que varias solicitudes de refuerzo en su seguridad fueron rechazadas antes del ataque.
Videos del ataque y testimonios
La escena del atentado quedó registrada en múltiples videos de ciudadanos y periodistas que circularon de inmediato en redes. Una de esas grabaciones muestra al presunto agresor, un muchacho infiltrado entre la multitud, apuntando con la pistola hacia Uribe Turbay por la espalda y disparando sin mediar palabra.
Otros videos captan el instante de su detención: se le ve herido en el suelo, con los escoltas encima, mientras excusa su acción con el típico “lo hice por plata, por mi familia”.
Los testigos presenciales han coincidido en su versión: describen un ataque sorpresivo y fugaz que tuvo lugar sin que nadie más pareciera implicado. En consecuencia, la Policía no reporta otras personas armadas en el lugar.
También se escucharon las reacciones de entusiastas del Centro Democrático que culpaban a sectores opositores o narcotraficantes por el hecho, pero esos apuntes son especulativos.
Hasta el momento, ningún testigo ha ofrecido información sobre autores materiales distintos al menor detenido. Las autoridades mantienen estricta reserva sobre las pesquisas, pero han instado a la ciudadanía a compartir cualquier video adicional que ayude a esclarecer lo ocurrido.
Reacciones institucionales
El atentado desató reacciones inmediatas en el más alto nivel. El presidente Gustavo Petro condenó el hecho y reveló a través de sus redes sociales que el día del ataque el número de escoltas de Uribe fue “extrañamente” reducido de siete a tres personas.
Petro pidió al Consejo de Seguridad Nacional “la máxima profundidad” en la investigación, así como el fortalecimiento de la protección de otros líderes políticos y de las familias de funcionarios gubernamentales que han recibido amenazas recientes.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se investigan tres líneas de motivación (ataque a su persona, a su partido o plan desestabilizador) y respaldó los operativos policiales desplegados para capturar al equipo criminal detrás del atentado.
La Policía Nacional, por su parte, ha reforzado la seguridad en Bogotá y asignó recursos extraordinarios a la pesquisa. Unos 180 agentes (entre inteligencia, Policía judicial y Guardia Nacional) trabajan coordinadamente para analizar las pistas recogidas.
Además, la dirección de la Policía abrió indagatoria disciplinaria contra los oficiales asignados al esquema de Uribe Turbay, ante la sospecha de que pudiera haber fallos u omisiones en su protección.
Institucionalmente, el Congreso entero se solidarizó: el Senado y la Cámara suspendieron sus sesiones por varios días y se declararon en sesión permanente de emergencia.

Foto: EFE
También hubo reacciones internacionales: La ONU, por medio de su Secretario General António Guterres, expresó solidaridad con Uribe Turbay y demandó una investigación exhaustiva sin uso político del incidente
Varios Gobiernos y jefes de estado como los de Venezuela, Chile, Ecuador, Panamá y la Unión Europea también manifestaron su rechazo al ataque y ofrecieron apoyo al proceso judicial.
El Gobierno ofreció una recompensa de más de 70.000 dólares (alrededor de 300 millones de pesos colombianos) a quien proporcione información que conduzca a los responsables intelectuales del ataque. Esta búsqueda incluye la posibilidad de involucrar a agencias internacionales de inteligencia.
Mientras tanto, el proceso penal por el intento de magnicidio sigue su curso: la Fiscalía seguirá recopilando evidencia (peritajes balísticos, análisis de videos y comunicaciones) con la expectativa de presentar cargos formales contra los posibles autores materiales e intelectuales en los próximos meses.
Autor: teleSUR-CC
Fuente: Agencias