Este martes, una controversia limítrofe entre Colombia y Perú volvió a caldear la relación bilateral. El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el traslado de los actos centrales por el aniversario de la independencia de Colombia, que tradicionalmente se celebran el 7 de agosto en Bogotá, a la ciudad de Leticia, capital del departamento del Amazonas.

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Este cambio, según explicó Petro en X, en respuesta a lo que califica como una apropiación unilateral de territorio colombiano por parte de Perú en la región de la isla Santa Rosa, un enclave surgido por la dinámica del río Amazonas cuyas aguas marcan la frontera.

Según Petro, el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, cuyo objetivo fue poner fin a la guerra colombo–peruana y delimitar claramente la frontera amazónica, fijó la línea divisoria en la “línea más profunda” del río Amazonas.

En su mensaje, el mandatario afirmó que el Gobierno peruano promul­gó recientemente una ley para crear un nuevo distrito cuya cabecera municipal se sitúa al norte de esa línea profunda, “en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia”. Añadió que la medida, que incluiría la isla Santa Rosa entre las jurisdicciones peruanas, podría “hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”.

Antecedentes históricos

La disputa por la soberanía amazónica hunde sus raíces en el siglo XX. Tras un breve conflicto armado en 1932–1933, Lima y Bogotá firmaron en 1934 el Protocolo de Amistad y Cooperación, también llamado Protocolo de Río de Janeiro, que ratificó el Tratado Salomón–Lozano de 1922 y estableció como frontera el cauce principal del río Putumayo y, en el tramo inferior, la línea de mayor profundidad del Amazonas.

Desde entonces, las partes acordaron que cualquier modificación de la frontera requeriría un acuerdo mutuo o la decisión de un tribunal internacional.

No obstante, los cambios naturales en el cauce del Amazonas han dado lugar desde mediados del siglo XX a la aparición de islas que no estaban previstas en los mapas originales.

Mientras Lima asumió gradualmente el control efectivo de algunas de esas islas, Bogotá mantuvo que su asignación definitiva debía realizarse mediante una comisión mixta, la COMPERIF, para evitar reclamaciones unilaterales.

Santa Rosa es una de las islas formadas por sedimentos en medio del río, con una población aproximada de 3.000 habitantes. En junio de 2025, el Congreso peruano aprobó por unanimidad la creación del nuevo “Distrito de Isla Santa Rosa”, designando a un alcalde y órganos de Gobierno municipal. Para el Gobierno peruano, la isla forma parte del departamento de Loreto y responde a la lógica de su crecimiento demográfico y la necesidad de servicios básicos.

La Cancillería colombiana, a través de notas diplomáticas y declaraciones oficiales, rechazó esa medida. Considera que la isla no ha sido “asignada” a Perú de conformidad con los protocolos y exige reactivar la COMPERIF para que ambas naciones determinen de común acuerdo la soberanía de las nuevas tierras emergidas desde 1929.

Bogotá advierte que, al adoptar decisiones unilaterales, Lima estaría violando el tratado de 1934 y poniendo en riesgo el acceso fluvial de Leticia, el principal puerto colombiano en la región.

Reacciones oficiales

El Ministro de Relaciones Exteriores de Perú reiteró en 2024 que la isla Santa Rosa pertenece al territorio peruano y descalificó como “pretendida usurpación” las afirmaciones de la Cancillería colombiana. El Congreso de Lima acompañó esta posición con un comunicado de repudio.

Fuerzas Armadas y Policía Nacional mantienen presencia en la isla y han izado la bandera peruana, mientras sus habitantes defienden su identidad peruana y denuncian falta de atención en salud y educación.

Por su parte, Gustavo Petro subrayó que Colombia agotará primero las vías diplomáticas, remitiéndose a los mecanismos previstos en el Protocolo de Río de Janeiro antes de recurrir a cualquier otra medida. El mandatario insistió en que la disputa se resolverá “entre las partes”, tal como estipula el tratado, y llamó al diálogo respetuoso para preservar la paz y la integración amazónicas.

Este episodio se suma a un historial de roces entre ambos países tras el golpe de Estado que concluyó con la encarcelación de Pedro Castillo en Perú y la llegada al poder de Dina Boluarte, no reconocida por Petro en diciembre de 2022.

En marzo de 2023, Lima retiró a su embajador en Bogotá acusando “expresiones injerencistas” de Colombia. Solo recientemente, las relaciones se habían recompuesto con el intercambio de nuevos embajadores, hasta que la cuestión de Santa Rosa volvió a agitar los ánimos diplomáticos.

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