La condena en primera instancia al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por soborno en actuación penal y fraude procesal, dictada este martes por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, generó este martes reacciones entre líderes políticos que llamaron a respetar la institucionalidad judicial.

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Uribe, líder del Centro Democrático, se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, tras ser absuelto del cargo de soborno simple. La lectura de la sentencia está programada para el viernes.

Humberto de la Calle, exvicepresidente y exnegociador de paz, enfatizó en redes sociales que «el acatamiento a la institucionalidad es la única respuesta posible más allá de las emociones políticas que se desprenden de estos acontecimientos».

De la Calle, también figura destacada del Partido Liberal colombiano, destacó la necesidad de proteger el respeto a la justicia, tanto nacional como internacional, y señaló que el fallo no debe evaluarse desde preferencias políticas, sino desde el respeto a la Rama Judicial.

El contexto político es relevante, pues Colombia se prepara para las elecciones de 2026, con comicios al Congreso el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, con posible segunda vuelta el 21 de junio.

La condena de Uribe, fundador del opositor Centro Democrático, podría influir en la dinámica electoral. El partido, aunque mostró su incomodidad por el fallo, afirmó que respetan «las decisiones de los jueces en un Estado de Derecho», manteniendo su convicción en la inocencia de Uribe.

Por su parte, Sergio Fajardo, líder de Dignidad y Compromiso, subrayó la importancia de la separación de poderes: «Los fallos de los jueces deben respetarse y acatarse. El desacuerdo con una decisión judicial es legítimo, pero debe tramitarse por las vías que la misma justicia establece», dijo,.

En tanto, de lados contrarios al dictamen destaca el exfiscal general Francisco Barbosa quien señaló que «la justicia también se equivoca» y destacó los recursos judiciales disponibles para corregir errores. En esa línea, vale acotar que la defensa de Uribe, liderada por Jaime Granados, apelará la sentencia el 11 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Desde el sector empresarial, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio colombo-americana (AmCham), aunque expresó solidaridad con Uribe, dijo que las decisiones judiciales deben acatarse: «El compromiso con la democracia exige preservar la solidez de nuestras instituciones».

Además, indicó que las consideraciones de la jueza son debatibles, pero deben respetarse dentro del marco institucional.

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