La Policía Federal (PF) de Brasil desplegó este miércoles primero de julio la tercera fase de una investigación de alta sensibilidad política y judicial destinada a desarticular un presunto esquema de desvío de recursos públicos, lavado de dinero y organización criminal que salpica al Poder Legislativo del país.

​Denominada “Rent a Car”, la operación se ejecuta bajo las órdenes estrictas del Supremo Tribunal Federal (STF). Los agentes federales cumplieron diversas medidas judiciales en el Distrito Federal (Brasilia) y en los estados de Goiás y Minas Gerais, con el objetivo prioritario de recolectar nuevos elementos de convicción y preservar pruebas cruciales para el caso.

​Según los informes de la PF, las pesquisas apuntan a una red de complicidades integrada por agentes públicos, particulares y corporaciones privadas. 

Estas empresas habrían sido utilizadas como fachadas legales para lavar y blanquear los recursos públicos presuntamente desviados, dándoles una apariencia de legitimidad en el sistema financiero.

​Fraude procesal y desvío de asignaciones del Congreso

​Los investigadores federales detectaron indicios de que los implicados intentaron ocultar o alterar evidencias físicas y digitales en las últimas semanas. 

Esta conducta podría configurar el delito de fraude procesal, el cual se suma a las acusaciones principales de peculado (malversación de fondos públicos), lavado de activos y asociación criminal.

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​De acuerdo con datos publicados por medios locales, esta nueva ofensiva profundiza las líneas de investigación abiertas en las fases previas, las cuales rastrean presuntas irregularidades en la contratación de una empresa de alquiler de vehículos. 

Dichos contratos fueron financiados directamente con fondos de la Cuota para el Ejercicio de la Actividad Parlamentaria (CEAP), un mecanismo presupuestario asignado por el Estado brasileño para cubrir los gastos logísticos vinculados estrictamente al desempeño de los mandatos de los legisladores federales.

​Rastreo financiero y fuero especial

​Esta tercera etapa de la operación “Rent a Car” tiene como metas principales perfeccionar el rastreo del flujo monetario, determinar el destino final de los capitales desviados e identificar a otros posibles coautores que aún no han sido procesados.

​Debido a que las pesquisas involucran a personalidades políticas que gozan de fuero especial por prerrogativa de función, el caso es tutelado directamente por la máxima corte del país (STF). 

Por estrictas razones de reserva judicial, las autoridades federales no divulgaron los nombres de los investigados ni el número total de órdenes de registro y allanamiento ejecutadas durante la jornada.

​Bajo el marco de la legislación penal brasileña, las personas señaladas mantienen su presunción de inocencia y solo podrán ser responsabilizadas penalmente si las acusaciones de la Fiscalía son confirmadas y sentenciadas en el transcurso del debido proceso judicial.

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