El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, señaló al Congreso como responsable de frenar la reforma agraria, punto fundamental del Acuerdo de Paz de 2016.

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Durante una sesión de la Comisión Intersectorial de Reforma Agraria en la Casa de Nariño, Petro criticó la lentitud judicial en la restitución de tierras a campesinos y comunidades étnicas.

El mandatario colombiano expresó: “No nos están ayudando los jueces en general, precisamente porque no están tomando decisiones, sino guardando en el escritorio los procesos”.

De acuerdo con Petro, “la jurisdicción especial agraria sigue durmiendo el sueño de los justos; el proyecto de ley el Congreso no lo está aprobando, incumpliendo la declaración unilateral de Estado entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Bajo la actual Administración, se han entregado 569,000 hectáreas a campesinos en todo el territorio nacional. Sin embargo, esta cifra dista de la meta gubernamental de un millón de hectáreas, que representaría apenas el 30 por ciento de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.

En tanto, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) alertó sobre el incremento de hostigamientos por parte de grupos armados contra sus equipos técnicos en zonas donde avanza la restitución de predios.

El director de la entidad, Felipe Harman, mencionó que el Clan del Golfo, los Mellizos y otros grupos armados amenazan con violencia algunos municipios colombianos como Puerto Boyacá, La Dorada y Cimitarra. Su propósito es evitar la recuperación de tierras históricamente controladas por estructuras narcoparamilitares.

Harman advirtió que estas acciones violentas no solo paralizan los procesos de formalización, sino que consolidan el despojo histórico al impedir que las tierras recuperadas lleguen a sus legítimos dueños: campesinos y comunidades víctimas del conflicto.

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